Fiscalización a alcaldes y prefectos: ¿un control legítimo o traba a la gestión?

La Asamblea Nacional concentra su labor en los procesos de fiscalización a los representantes de los gobiernos locales, una decisión que ha generado un amplio debate.

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Los controles comenzaron con el anuncio de fiscalizar el proceso de compra de 60 trolebuses eléctricos que adquirió el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, para renovar las unidades obsoletas de la capital. 

La Constitución regula la fiscalización

La acción, impulsada en la Comisión de Relaciones Internacionales, presidida por el oficialismo, provocó cuestionamientos en torno a la legalidad, ya que la Constitución limita, en el artículo 120, el alcance de la fiscalización parlamentaria.

Según la carta magna, una de las atribuciones de la Asamblea es “fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social, y los otros órganos del poder público, y requerir a las servidoras y servidores públicos las informaciones que considere necesarias”. Además, el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad) señala, en el art. 56, que “el Concejo Municipal es el órgano de fiscalización del gobierno autónomo descentralizado municipal”.

Pese a las observaciones de constitucionalistas, autoridades y de los mismos legisladores, pero de oposición, la acción avanzó y ahora la Asamblea impulsa otros procesos.

Los procesos de fiscalización en curso

La fiscalización a los troles derivó la tarde del martes en la aprobación de una resolución del Pleno, en donde se recomendó al Concejo Metropolitano de Quito fiscalizar el proceso. También se dispuso remitir el informe a Contraloría y Fiscalía para que efectúen los trámites investigativos que consideren pertinentes.

Sin embargo, mientras concluía ese tema, el Legislativo inició otros controles a los GAD. Por una parte, la Comisión de Fiscalización ha convocado a varios funcionarios para que expliquen el manejo de las cámaras de vigilancia de Segura EP, la empresa del Municipio de Guayaquil. Un análisis que se originó por un audio atribuido al expresidente Rafael Correa, relacionado con el caso Porsche.

Mientras que la mesa de Gobiernos Autónomos Descentralizados se encargará de la fiscalización al incremento injustificado de los patrimonios que habrían reportado distintos alcaldes y prefectos del país en sus declaraciones patrimoniales, del período 2023-2025.

¿Qué opinan los alcaldes y prefectos?

Si bien se ha llegado a dudar de la legitimidad de esas actuaciones por las competencias del Parlamento y porque los controles se han aplicado a alcaldes de una línea política contraria al Gobierno y al bloque de ADN, los alcaldes y prefectos consultados por EXPRESO muestran predisposición para la fiscalización. 

Además, coinciden en que las actuaciones no les impedirán avanzar en la gestión y obras que ejecutan en sus territorios antes de concluir su mandato.

“Es una excelente oportunidad para demostrar que somos una administración de puertas abiertas, que goza de la confianza de su cantón y que siempre estará dispuesta a que el patrimonio de sus altas autoridades sea auditado”, dice Dennis Córdova, alcalde de Salinas.

Lourdes Tibán, prefecta de Cotopaxi, coincide: “Todo el poder público tiene que mostrar transparencia en la gestión. No tengo problema en que investiguen, pero que sea una fiscalización en el marco de transparentar. Si la Asamblea quiere fiscalizar, debería comenzar por los mismos asambleístas”.

Pese al apoyo, funcionarios como Tibán y Jomar Cevallos, alcalde de Cotacachi, sostienen que lo óptimo sería que el proceso sea técnico y que cuente con el acompañamiento de las entidades especializadas en esos análisis, como la Contraloría y el mismo Servicio de Contratación Pública (Sercop).

Muñoz, en cambio, desconfía del Legislativo y habla de una campaña anticipada a las elecciones seccionales.