La emergencia judicial anunciada por la Judicatura es necesaria, pero genera suspicacias

El Consejo de la Judicatura (CJ) ha declarado una emergencia para el aparato de justicia porque, según su argumento, en el Ecuador existe un déficit de 735 jueces, lo que ha provocado retrasos en la tramitación de causas y dificultades para garantizar el acceso a la justicia. 

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La medida permite acelerar la designación de jueces temporales, mientras se organizan concursos para nombrar jueces titulares. Esta posibilidad ya está prevista en el Código Orgánico de la Función Judicial. La emergencia busca justificar su utilización de manera masiva.

Este es el plan de la Judicatura

De acuerdo con la resolución, las direcciones provinciales deberán determinar cuántos jueces hacen falta en cada jurisdicción, elaborar los perfiles requeridos y establecer las prioridades de cobertura.

Antes de realizar nuevas designaciones, el Consejo podrá trasladar jueces desde dependencias con menor carga procesal hacia aquellas donde existe mayor congestión. Aunque la medida se basa en nombramientos temporales, el objetivo declarado es que posteriormente se convoque a concursos públicos para proveer las vacantes de manera permanente. Esta emergencia no deberá durar, en principio, más de 33 días.

La sombra de Godoy

El anuncio despierta temores porque resulta imposible no relacionar esta emergencia con la que tenía previsto declarar Mario Godoy, expresidente del Consejo de la Judicatura, quien llegó al cargo con el respaldo del Gobierno y terminó saliendo en medio de escándalos por sus aparentes vínculos con mafias. 

Aquella declaratoria fue percibida por un amplio sector de la sociedad como un intento del Ejecutivo de controlar la administración de justicia. 

Finalmente, la iniciativa de Godoy quedó frustrada cuando la Corte Constitucional declaró inconstitucional la ley que la Asamblea había aprobado para permitirle reorganizar el sistema judicial con facultades extraordinarias.

La desconfianza está latente

También existen circunstancias actuales que hacen que esta nueva declaratoria genere incertidumbre sobre una eventual instrumentalización política. Por ejemplo, que la actual presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, haya accedido al cargo tras la destitución de la anterior presidenta, un cambio que solo fue posible gracias al respaldo del Gobierno. 

¿Existen garantías de que Caicedo no lidere una reestructuración de la Función Judicial cuyo verdadero objetivo sea poner el aparato judicial al servicio del Ejecutivo? Esa es una de las principales interrogantes. Pero hay otra, igualmente inquietante, relacionada con el contexto en que se desarrollará el proceso: el estado de violencia que vive buena parte del país por la acción de los grupos de delincuencia organizada (GDO).

Supone un riesgo enorme escoger a más de 700 jueces en un país donde, en algunas provincias, no se mueve una hoja sin la autorización de las mafias. Más aún cuando, al menos hasta ahora, no se conoce ninguna medida específica destinada a blindar el proceso frente a la influencia del narcotráfico y del crimen organizado.

Sin embargo, pese a esos riesgos, la medida parece necesaria. Al menos esa es la opinión de la abogada María Josefa Coronel, exdirectora del Consejo de la Judicatura del Guayas, entrevistada en el programa ‘Politizados’, de EXPRESO. 

Según ella, el proceso solo tendrá legitimidad si se desarrolla con criterios técnicos, absoluta transparencia y vigilancia ciudadana e internacional. 

Coronel hizo además una precisión jurídica importante: aclaró que el Consejo de la Judicatura no ha declarado un estado de emergencia de la Función Judicial, sino que ha reconocido una situación de emergencia para justificar la adopción de medidas extraordinarias destinadas al nombramiento temporal de jueces, una figura ya prevista en el Código Orgánico de la Función Judicial.

La resolución dispone inicialmente que las direcciones provinciales de Talento Humano identifiquen las necesidades de cada jurisdicción, elaboren los perfiles, certifiquen la disponibilidad presupuestaria y coordinen con el Ministerio de Finanzas el financiamiento de los nombramientos. 

Los riesgos que se podrían generar

Sin embargo, hasta ahora no se conoce ningún mecanismo destinado a impedir que esas direcciones de Talento Humano sean influenciadas, por las buenas o por las malas, ya sea por el Gobierno o por los grupos de delincuencia organizada. También insistió en que el proceso incorpore veedurías nacionales e internacionales que permitan auditar los nombramientos.

Pese a ello, reconoció que el contexto político mantiene abiertos los riesgos de interferencia. Admitió que el origen de la actual presidenta del Consejo, Mercedes Caicedo, y la actuación del poder político generan desconfianza ciudadana. “Siempre el poder es peligroso”, afirmó.

Coronel añadió que el principal riesgo ya no proviene únicamente de la influencia política, sino también de la penetración del crimen organizado. 

Advirtió que las organizaciones delictivas podrían intentar aprovechar el proceso para colocar personas afines dentro de la Función Judicial, aunque recordó que la infiltración de estas estructuras ya existe en distintos ámbitos del Estado y de la sociedad.

Otro aspecto que destacó fue la necesidad de que la medida sea realmente temporal y que el Consejo convoque, cuanto antes, concursos públicos de méritos y oposición para llenar definitivamente las vacantes judiciales.