Fiscalía General: el prolongado encargo atrapa a la institución en su propia subrogación

Ecuador lleva cerca de catorce meses sin Fiscal General titular. Diana Salazar terminó su período constitucional el 8 de abril de 2025 y, tras prorrogarse en funciones por autorización de la Procuraduría, se despidió del país el 20 de mayo. Desde entonces, la institución que investiga los delitos más graves de la República, desde el sicariato del bajo mundo hasta el saqueo de alto vuelo, está dirigida por un fiscal subrogante.

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Conviene mirar con cuidado ese título, porque esconde una muñeca rusa institucional. Quien hoy despacha en la Juan León Mera y Av. Patria, el fiscal Carlos Alarcón, no heredó el cargo de Salazar, sino de Wilson Toainga, el fiscal subrogante que asumió tras la renuncia de Salazar y que a su vez renunció en noviembre de 2025 alegando que prolongar más su propia interinidad se volvía “ilegítimo”. Alarcón fue designado en octubre de ese año por el Consejo de la Judicatura.

Es decir, Ecuador no tiene hoy un fiscal subrogante al mando de la Fiscalía. Tiene al subrogante del subrogante; tres personas al frente de la Fiscalía en poco más de un año, ninguna con mandato pleno y todas sostenidas por una cadena de reemplazos que convirtió la excepción en forma de gobierno.

Hay algo casi ritual en la manera en que el país recibe a sus fiscales generales. Se les entrega el cargo con un discurso de independencia y mano dura, se les concede una luna de miel mediática y, tarde o temprano, suelen convertirse en protagonistas de un escándalo que sacude a la propia institución. Galo Chiriboga fue designado Fiscal General el 15 de julio de 2011 por un CPCCS dividido. Era embajador en España y renunció días después al cargo diplomático para que una Asamblea de mayoría correísta lo posesionara.

Fue un intercambio de sillas coreografiado casi en tiempo real. Años después, el exgerente de Petroecuador, Carlos Pareja Yannuzzelli, denunció bajo juramento una supuesta entrega de 300.000 dólares a Chiriboga en el Swissotel de Quito para frenar las indagaciones del caso Petrochina. Chiriboga lo negó todo, mientras que ese caso pasó de fiscal en fiscal: de Chiriboga a Baca Mancheno, de Baca Mancheno a Pérez Reina, de Pérez Reina a Salazar, sin que ninguno lograra cerrarlo.

Carlos Baca Mancheno, el sucesor de Chiriboga, tampoco llegó limpio a la historia. Ganó el concurso de méritos con un puntaje casi perfecto, ejerció el cargo apenas once meses, y terminó cesado por la Asamblea en abril de 2018 en medio de la ruptura entre Rafael Correa y Lenín Moreno, después de que él mismo mostrara el audio de una conversación entre el excontralor Carlos Pólit y el entonces presidente de la Asamblea, José Serrano, en la que ambos hablaban de “bajarse al fiscal”.

Diana Salazar llega a la Fiscalía e inicia el encargo

La llegada de Salazar pareció interrumpir esa sucesión de administraciones provisionales. Bajo su mando, la Fiscalía destapó Metástasis, Sobornos, Purga, Encuentro, una lista de investigaciones que llevaron a la cárcel o al banquillo a policías, jueces, empresarios y a un expresidente.

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Esos resultados explican buena parte del prestigio que alcanzó su gestión. Pero una Fiscalía no se evalúa únicamente por los casos que impulsa, sino también por aquellos que posterga o deja durante años en investigación previa.

El caso INA Papers nunca llegó a un procesamiento de fondo, por ejemplo. A ello se sumaron los cuestionamientos de Verónica Sarauz, viuda de Fernando Villavicencio, quien criticó públicamente la lentitud de la Fiscalía para esclarecer el magnicidio.

La sospecha de selectividad no puede separarse de una condición de capacidad insuficiente. El problema es que, en ausencia de criterios públicos y recursos adecuados, resulta difícil distinguir entre una priorización técnica y una decisión política.

El propio fiscal general subrogante, Carlos Alarcón, admitió ante la Asamblea que la institución opera con 870 agentes fiscales a escala nacional cuando, según sus propios cálculos, haría falta un refuerzo de alrededor de 631 fiscales adicionales con sus respectivos equipos.

La interinidad de la Fiscalía ecuatoriana nunca fue solo un problema de designación en la cúpula, sino la expresión de una fragilidad estructural que convierte cada caso emblemático en un ejercicio de fe. Por eso, mientras el país vuelve a discutir quién debería ocupar el despacho en la Juan León Mera, convendría no confundir el relevo de una autoridad con la reconstrucción de una institución.

Ecuador no necesita una Fiscalía que dependa de la heroicidad ocasional de quien esté sentado en la silla, sino una estructura profesional capaz de sostenerse por sí misma. Y, a juzgar por un concurso que estuvo trabado entre denuncias cruzadas, recalificaciones oscuras, votos que no aparecen y que ayer se habilitó tras un mes estancado, hay que ver si eso es garantía de que la silla sea ocupada pronto por una nueva autoridad.