Caso Digitador: la pista que conecta una red de tránsito en Manabí con Los Choneros

La investigación del denominado caso Digitador amplió su alcance más allá de Jipijapa y apunta a una presunta estructura que habría operado en al menos nueve cantones de Manabí utilizando irregularmente sistemas de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) para gestionar licencias, matrículas y revisiones vehiculares. 

Además, la Fiscalía mantiene bajo análisis una posible vinculación de la red con el grupo criminal Los Choneros, una hipótesis que aún deberá ser sustentada durante el proceso judicial.

El caso cobró relevancia pública tras la vinculación de la alcaldesa de Jipijapa, Ángela Plúa, dentro de una investigación por presunta delincuencia organizada. 

De acuerdo con el expediente fiscal, la estructura no habría limitado sus operaciones a un solo cantón, sino que aprovechó la interconexión de los sistemas de tránsito para ejecutar trámites en distintas jurisdicciones de la provincia.

Una red que habría operado en varios cantones

Según la información expuesta por la Fiscalía, los principales centros de operación identificados son Jipijapa y Bolívar (Calceta). Sin embargo, interceptaciones telefónicas e informes de inteligencia también mencionan movimientos y coordinaciones en Rocafuerte, Flavio Alfaro, Portoviejo, Junín, Puerto López, Chone, Montecristi, San Vicente y Manta.

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La investigación sostiene que los involucrados utilizaban la conectividad del sistema de la ANT para iniciar trámites en un cantón y concluirlos en otro donde presuntamente contaban con funcionarios o digitadores que facilitaban el proceso. 

Esta modalidad habría permitido alterar procedimientos administrativos relacionados con licencias de conducir, matriculación vehicular y revisiones técnicas.

La posible conexión con Los Choneros

Uno de los aspectos que más atención ha generado dentro del proceso es la referencia a una posible relación entre la organización investigada y Los Choneros, una de las estructuras criminales más conocidas del país.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, las investigaciones se originaron a partir de una denuncia presentada el 17 de julio de 2025 a través de la línea 1-800-DELITO. 

El reporte advertía que un grupo de personas, presuntamente vinculado a esta organización criminal, manipulaba la emisión de licencias de conducir mediante actos de corrupción en agencias de tránsito de Manabí.

No obstante, durante la audiencia de formulación de cargos, los fiscales precisaron que esa relación continúa siendo una hipótesis investigativa basada en denuncias iniciales e informes de inteligencia, por lo que todavía no constituye un hecho probado dentro del proceso penal.

¿Cómo habría funcionado el esquema?

La acusación sostiene que la red captaba usuarios interesados en obtener documentos o completar trámites sin cumplir los requisitos legales establecidos. 

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Posteriormente, personas con acceso a los sistemas informáticos de la ANT modificaban, validaban o concluían los procesos desde diferentes cantones utilizando credenciales institucionales y, en algunos casos, conexiones remotas. 

Según las investigaciones, en la estructura participarían funcionarios vinculados al área de tránsito, digitadores, evaluadores técnicos y gestores externos que presuntamente recibían pagos a cambio de alterar procedimientos administrativos.

Entre los elementos recogidos por los investigadores constan conversaciones en las que se utilizaba un lenguaje codificado para evitar ser detectados. Palabras como “pollitos”, “gallos” y “granjas” habrían servido para identificar distintos tipos de trámites, procesos concluidos o dependencias de tránsito involucradas.

La investigación continúa

Los reportes fiscales también señalan que la organización habría implementado mecanismos para distribuir ganancias entre sus integrantes y eliminar evidencias cuando surgían riesgos de auditorías o investigaciones internas.

Actualmente, el proceso se encuentra en etapa de instrucción fiscal. La Fiscalía mantiene la acusación por el presunto delito de delincuencia organizada y continúa recopilando elementos para determinar la dimensión de la red, así como el grado de participación de cada uno de los procesados.