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Diario Expreso Ecuador

De Guayaquil a Machala: los cinco alcaldes detenidos en Ecuador y los casos que enfrentan

Cinco alcaldes de Ecuador permanecen detenidos mientras enfrentan procesos por presunto lavado de activos, peculado y corrupción

Cinco alcaldes de Ecuador permanecen bajo detención preventiva mientras avanzan los procesos judiciales

Cinco alcaldes de Ecuador permanecen bajo detención preventiva mientras avanzan los procesos judicialesfoto: Expreso

Valeria Alvear
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Cinco alcaldes en funciones permanecen detenidos o privados de libertad en Ecuador mientras enfrentan procesos penales por presuntos delitos relacionados con enriquecimiento ilícito, lavado de activos, delincuencia organizada, peculado y defraudación tributaria.

Aunque las investigaciones corresponden a hechos distintos y se encuentran en diferentes etapas procesales, todos los casos involucran a autoridades municipales que continúan bajo medidas privativas de libertad mientras avanzan las investigaciones de la Fiscalía General del Estado.

Las detenciones se produjeron entre agosto de 2025 y julio de 2026, en distintos operativos ejecutados por la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional.

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Darío Macas, el caso más reciente

El caso más reciente es el de Darío Macas, alcalde de Machala, quien fue detenido el 6 de julio de 2026 durante un operativo por una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, las indagaciones apuntan a un supuesto incremento patrimonial injustificado y a movimientos financieros que son analizados por la Fiscalía.

El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que dentro de la investigación constan movimientos económicos que superarían los 6 millones de dólares, además de retiros en efectivo por alrededor de 750.000 dólares. También indicó que el expediente incluye el análisis de empresas vinculadas al entorno del funcionario.

Macas ocupa la Alcaldía de Machala desde 2019 y fue reelegido para un segundo período en las elecciones seccionales de 2023.

Aquiles Álvarez y el caso Goleada

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue detenido el 10 de febrero de 2026 dentro del denominado caso Goleada, en el que la Fiscalía investiga una presunta red relacionada con delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria.

Durante el operativo también fueron detenidos sus hermanos Antonio y Xavier Álvarez, junto con otros procesados.

El 6 de julio de 2026, el juez Jairo García resolvió restablecer la prisión preventiva contra Aquiles Álvarez y sus hermanos durante la audiencia de revisión de medidas cautelares del proceso.

Además del caso Goleada, el alcalde enfrenta otras investigaciones judiciales independientes, entre ellas los casos Triple A y Grillete, que continúan su trámite en la justicia ecuatoriana.

Vicko Villacís y el caso Blindaje

El alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, fue aprehendido el 3 de junio de 2026 y un día después un juez ordenó su prisión preventiva dentro del caso Blindaje, en el que la Fiscalía investiga el presunto delito de lavado de activos.

En esta causa también fueron procesadas otras siete personas.

Según la Fiscalía, la investigación se centra en una presunta estructura que habría movilizado recursos mediante operaciones financieras y bienes vinculados con los investigados. 

El Ministerio del Interior ha señalado que los movimientos económicos analizados dentro del expediente superarían los 15 millones de dólares.

Vicko Villacís guarda prisión preventiva por el caso Blindaje.

Vicko Villacís guarda prisión preventiva por el caso Blindaje.ARCHIVO

Ángela Plúa y la Operación Digitador

La alcaldesa de Jipijapa, Ángela Plúa, fue detenida el 25 de junio de 2026 durante la denominada Operación Digitador.

La Fiscalía la procesa por el presunto delito de delincuencia organizada, dentro de una investigación relacionada con una supuesta red dedicada a la emisión irregular de trámites y documentos de tránsito.

Tras la audiencia de formulación de cargos, la justicia dispuso prisión preventiva para todos los procesados e inició una instrucción fiscal de 90 días.

José Arroyo y el caso Ornato Municipal

El alcalde de Pujilí, José Alcides Arroyo, fue aprehendido en agosto de 2025 dentro del caso Ornato Municipal, que investiga presuntas irregularidades en procesos de contratación pública ejecutados en ese cantón de Cotopaxi.

La Fiscalía sostiene que el supuesto perjuicio económico derivado de las contrataciones investigadas supera los 300.000 dólares.

En junio de 2026, una jueza llamó a juicio al alcalde y a otras 16 personas por el presunto delito de peculado. En la misma resolución ratificó la prisión preventiva contra Arroyo, quien permanece privado de libertad desde su detención y cumple esa medida en el centro de privación de libertad La Roca, en Guayaquil.

El exalcalde de Pujilí, José Arroyo Cabrera, permanece recluido en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil.

El exalcalde de Pujilí, José Arroyo Cabrera, permanece recluido en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil.Archivo

Casos distintos bajo el principio de presunción de inocencia

Pese a que todos los procesos mantienen a alcaldes en funciones privados de libertad, cada investigación responde a hechos específicos, tipos penales distintos y etapas procesales diferentes.

Algunas causas permanecen en fase de instrucción fiscal, mientras que otras ya avanzan hacia la etapa de juicio. En todos los expedientes rige el principio constitucional de presunción de inocencia, por lo que las investigaciones y las medidas cautelares no constituyen una sentencia condenatoria.

Las defensas cuestionan los procesos

Los cinco alcaldes han rechazado las acusaciones formuladas por la Fiscalía y sostienen que son inocentes de los delitos que se les atribuyen.

En los casos de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, y Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas, ambos electos con el respaldo de la Revolución Ciudadana, sus equipos jurídicos y dirigentes de esa organización política han denunciado que las investigaciones responden a una presunta persecución política con el objetivo de apartarlos de sus funciones e impedir una eventual participación en las elecciones seccionales previstas para noviembre de 2026.

Por su parte, tanto el Gobierno Nacional como la Fiscalía General del Estado han sostenido que las investigaciones se desarrollan dentro del marco de sus competencias constitucionales y legales, y que las actuaciones judiciales responden exclusivamente a los elementos recabados en cada expediente, con independencia de cualquier consideración política.

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