Revalorice su terreno: Compre un museo

“Los escuchamos y ahora ustedes serán parte del proceso”. Así dijo el ministro Roberto Luque, revestido de la credibilidad que le confiere su papel protagónico en los atracos de Progen y ATM, a la hora de anunciar el simulacro de concurso que organizó el gobierno para imponer un proyecto arquitectónico de su agrado como sede del nuevo Museo Nacional. 

Acababan de echar abajo el concurso original y desconocer al triunfador legítimo. Hoy el nuevo ganador habrá sido ya anunciado al término de un proceso en el que las autoridades violaron las reglas, se pasaron por el forro los acuerdos, echaron por el caño la credibilidad del país y subordinaron los criterios técnicos de concepción y diseño de museos a los intereses inmobiliarios de grupos afines al gobierno. 

Pero quizá lo más irritante de todo está en esas palabras: “los escuchamos”. Porque con ellas pretenden convertir a los ciudadanos en cómplices de sus negocios. Demasiados meses lleva ya medio país exigiendo la renuncia de Roberto Luque, porque lo considera un ladrón, para que salga él ahora a declararse sensible ante el supuesto clamor popular que pedía cambiar el proyecto ganador porque lo encontraba feo. 

Claro que en este gobierno ha habido abusos peores (abusos que han costado vidas) pero ninguno ha sido tan descarado como este. 

1. La farsa del clamor popular

Es mentira que el gobierno de Daniel Noboa decidiera echar abajo el concurso dirigido por su propia viceministra de Cultura, Romina Muñoz, para contener la ola de descontento ciudadano. 

En primer lugar, porque la tal ola no era para tanto: fueron apenas dos días de debates centrados en X (la más elitista de las redes sociales) y circunscritos, en un 60 por ciento, a los usuarios de la capital. 

Si algo de masivo tuvo el rechazo al contenedor minimalista del arquitecto español Alberto Campo Baeza, se debió a la participación de los propios trolls del oficialismo. Claro que hubo críticas de fondo que apuntaban, sobre todo, a la integración del edificio en el paisaje y su permeabilidad con el espacio público. 

Con respecto a esto último, el propio jurado internacional propuso reformas que el arquitecto se comprometió a ejecutar (así lo estipulaban las bases). 

El hecho es que el gobierno ni siquiera dio tiempo para que las críticas de fondo se debatieran y las distintas posturas se decantaran: desconoció el concurso de un plumazo, que era lo que quería hacer desde un principio según se desprende del testimonio que Alejandro Zaera Polo, uno de los miembros del jurado, rindió esta semana en el podcast Politizados, de este Diario.

Por Zaera Polo sabemos que el gobierno se opuso desde el primer momento al proyecto ganador y quiso imponer un segundo premio a su gusto que le sirviera para reemplazarlo con cualquier pretexto. Las presiones sobre los miembros del jurado (del que formaba parte como delegado de la presidencia el mismo Roberto Luque, aunque no asistió a las deliberaciones) hacían predecible este desenlace. 

La reacción adversa de algunas ciudadanos (algo completamente normal en cualquier concurso de arquitectura: no hay proyecto que guste a todo el mundo) fueron el pretexto que el gobierno buscaba. 

2. Buscar culpables y cortar cabezas

La intervención del ministro de Progen empieza, para sorpresa de nadie, con una mentira descarada. Interrogado por un grupo de periodistas que lo sorprendieron en un acto público al que asistió en su calidad de ministro de Infraestructura, dijo que el Colegio de Arquitectos (entidad a cargo de organizar y garantizar los estándares de todos los concursos de arquitectura que se realizan en el país) había incumplido con ciertas cláusulas del contrato que tenía con la Empresa Pública de Vivienda y Desarrollo. No dijo qué cláusulas eran esas ni lo habría podido decir, porque era una patraña. Una patraña que despachó con la suficiente hostilidad como para evitar repreguntas. Así que la culpa era del Colegio de Arquitectos, cuyo trabajo en realidad fue impecable y se ajustó escrupulosamente a las leyes y reglamentos, según han reconocido todos los implicados en el concurso.

Lo siguiente fue cortar cabezas: Romina Muñoz, la única funcionaria del régimen comprometida con el proyecto de un museo nacional que lo fuera de verdad, fue obligada a renunciar. Tras ella salió su equipo técnico, incluido el mismo director del museo y los encargados del mantenimiento de la reserva. En lugar de Muñoz el gobierno nombró viceministra a Pamela Cortez, que no sabe nada de museos pero canta muy bonito (si acaso). Se espera de ella que se embarque en el proyecto tal como lo han dejado, sin que se meta a defender los conceptos fundamentales de la museografía por la sencilla razón de que no los tiene. Con este golpe de timón el gobierno está siendo bastante específico sobre la manera como espera conducir el proyecto del Museo Nacional. 

3. La farsa del nuevo concurso

No hace falta ni decir que el nuevo concurso organizado por para reemplazar al anterior (luego de estafar a Campo Baeza y birlarle el premio de 450 mil dólares que legítimamente había ganado) fue nada más que un simulacro. Se organizó sobre la marcha, sin reglas claras, y con un jurado comprometido con los intereses inmobiliarios que se encuentran en juego en los alrededores de lo que será el museo: Christian Wiese, arquitecto del grupo Nobis; Lu Junliang, relacionado con la constructora Uribe Schwarzkopf, que ha copado los alrededores del parque La Carolina con sus megaproyectos; y Mathieu de Genot, un decorador de interiores de quien aseguran muchos arquitectos que sigue los lineamientos de Carla Arellano, la delegada de la vicepresidencia en el anterior concurso, otra operadora de Uribe Schwarzkopf en el gobierno…

Se supone que ellos hicieron su trabajo en apenas dos días, tiempo a todas luces insuficiente para comparar la decena de proyectos y verificar si cumplen con los requisitos técnicos que demanda este tipo de proyectos. El cuadro se completó con una propuesta populista que al parecer gustó a todo el mundo: completar la calificación con el voto popular. 

Se abrió para ello una página Web en la que se presentaron los tres proyectos seleccionados por el jurado. Lo que debió ser un proyecto de arquitectura se convirtió así en un concurso de renders.

Por supuesto que el público interesado participó a ciegas: ¿qué características tienen las salas de exhibición de estos proyectos arquitectónicos? ¿Son lo suficientemente flexibles para ensayar distintas museografías? ¿Cómo es la iluminación? ¿Dónde está instalada la reserva? ¿En el subsuelo de esta zona inundable de la ciudad? 

En lugar de esa información clave, se ofreció a los ciudadanos metalenguaje vacío de significado y se le pidió que decidiera su voto con frases del tipo “Un paisaje arquitectónico donde la historia del Ecuador se descubre a través de un recorrido que conecta territorio, patrimonio y ciudad”; o bien “Un nuevo ícono para Quito, donde la ciudad, la naturaleza y el patrimonio se encuentran en un mismo recorrido”; o “Inspirado en las capas del territorio y en las tradiciones ancestrales, el proyecto combina arquitectura, paisaje y espacio público en una experiencia continua”, lo que sea que eso signifique. En fin: nada. Basura publicitaria. Al ministro de Progen le encanta la basura.

4. El negocio sobre el patrimonio

La razón de fondo de esta intervención del gobierno en el concurso es del dominio público: el negocio inmobiliario. No por otra causa pusieron el jurado que pusieron. Ocurre que el solar que albergará al Museo Nacional, en la esquina de las avenidas República y Eloy Alfaro (en algún momento el gobierno amagó con la idea de que “el terreno definitivo se anunciará una vez cerrada la consulta”, lo cual era un absurdo porque ponía a los arquitectos a diseñar para un lugar cualquiera), ese solar de diez mil metros cuadrados es apenas un minúsculo apéndice comparado con el terreno 14 veces más grande abierto a la especulación y los negocios inmobiliarios que se encuentra detrás y que abarca desde las inmediaciones de la Flacso hasta la parcela del antiguo zoológico militar.

En el terreno adyacente al del Museo, cuyos propietarios se ocultan bajo el título de “Fideicomiso inmobiliario La Pradera”, se han proyectado ya las cinco torres de más de 20 pisos de las que habló Romina Muñoz y que el arquitecto Campo Baeza incluyó en sus planos. Su idea era incorporar paisajísticamente esas torres pero darles la espalda, para preservar el uso exclusivamente patrimonial del edificio del Museo. Esto es lo que no gustó al gobierno. Por eso, las tres propuestas seleccionadas plantean lo contrario: la integración funcional del enorme complejo inmobiliario con un museo de mucho menor escala, que terminaría convertido en una suerte de centro de entretenimiento. Al fin y al cabo, estamos hablando de una inversión de 400 millones de dólares (el museo sólo cuesta 100) que demanda el control absoluto de todos los detalles.

¿De quién es el negocio? Habrá que preguntarle al arquitecto Jacobo Herdoíza, operador urbano de Uribe Shwarzkopf, que es quien más se ha jugado por la eliminación del proyecto de Campo Baeza y la defensa del simulacro de concurso que se inventó el gobierno para sustituirlo.