¿Tocamos fondo?

Uno de los signos más graves del deterioro democrático se muestra cuando la justicia deja de operar como árbitro y pasa a funcionar como instrumento del poder político. Ciertamente que la sana política y la justicia no puedan separarse por completo, ya que sus decisiones siempre inciden en gobiernos, libertades y economías. 

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Pero el problema empieza cuando el aparataje judicial en sí mismo y hasta su filosofía, se subordina a cálculos de coyuntura política, necesidades del gobierno de turno o conveniencias partidistas. En ese punto, la ciudadanía deja de percibir una diferencia clara entre la fuerza de la ley y un abusivo ejercicio del poder; o, lo que es peor, que piense que todo es amañado.

Si la prioridad no es aplicar la ley con base en pruebas y procedimientos, sino influir en la coyuntura, suenan las alarmas. Pero no porque una decisión tenga efectos políticos -los puede tener- sino porque nace de sesgadas necesidades políticas, he ahí lo perverso. Cada vez es más frecuente asistir al uso estratégico del sistema judicial para intimidar y/o perseguir adversarios; o manipular el sistema para que opere como protección selectiva, con resultados de impunidad. 

Es común archivar, congelar o sesgar investigaciones, demorar causas sensibles hasta que pierdan impacto mediático o montar procesos para intimidar. La politización distorsiona la justicia en ambos sentidos, castiga arbitrariamente y absuelve interesadamente.

La política siempre representa intereses mientras que la justicia debe ser neutral y amparar su gestión en nombre de la ley. Por esa apariencia de imparcialidad, la captura política del sistema judicial resulta muy peligrosa. 

Una decisión contaminada por cálculo partidista, envuelta en una liturgia institucional y vendida con un moralismo cínico, dificulta que el ciudadano distinga entre justicia auténtica y una operación del poder. La pérdida de confianza está provocando un daño inmenso a la cultura institucional de la ciudadanía.

Los gobiernos en la historia reciente de nuestro país, sin perjuicio de su signo o color, han buscado capturar cortes, fiscalías, consejos de la Judicatura, comisiones parlamentarias y órganos de control. Quieren garantizar impunidad para los propios y capacidad de castigo para los rivales. Sin embargo, lo paradójico resulta que al tiempo que los actores políticos denuncian la politización cuando son oposición; sin embargo la gestionan cuando alcanzan el poder. 

La justicia como un botín político

Esta dinámica viciosa convierte a la justicia siempre en un botín, lo que la aleja del ideal democrático y social. La legitimidad se va erosionando y las sentencias se leen como maniobras; jueces y fiscales se perciben como operadores del poder, y hasta las condenas bien fundadas nacen sin autoridad.

La independencia judicial se ha convertido en un imperativo para la supervivencia institucional. Hemos tocado fondo. No hay órgano del poder judicial que no esté señalado, salvo la Corte Constitucional aún. No hay concurso o designación que no esté cuestionada. No hay dictamen, pronunciamiento, consulta o sentencia que no se comente con una sonrisa o un guiño. 

No podemos seguir así. Ya no sirven juramentos a la bandera ni proclamas de respeto institucional, nadie los cree ni los ejecuta. Se requieren prácticas y garantías efectivas de transparencia, estabilidad, meritocracia en los concursos y nombramientos respectivos, así como límites reales al poder político.

Un juez dependiente de favores, intimidado o temeroso del gobierno, presionado por climas mediáticos organizados con pautas desde el poder, difícilmente actuará con autonomía. Hemos llegado al punto en que los tribunales y fiscalías deciden por temor o por conveniencia, significando que los derechos ciudadanos dependen de la cercanía con el poder político. O sea, tenemos un país de funcionarios bellacos y ciudadanos temerosos, a eso hemos llegado.