Caso goleada
¿Por qué Aquiles Álvarez sigue preso pese al fallo en el Caso Goleada?
El aún alcalde de Guayaquilcontinuará recluido tras incumplir restricciones de vigilancia dentro de un expediente investigativo paralelo
El alcalde Aquiles Álvarez permanece recluido en la cárcel de El Encuentro.
Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, continúa privado de su libertad en un centro penitenciario a pesar de que un juez rechazó dictar prisión preventiva en la reciente audiencia de reformulación de cargos del Caso Goleada. La reclusión del funcionario se mantiene vigente por una orden judicial paralela derivada del mal uso y retiro del grillete electrónico dentro de la investigación del Caso Triple A.
Resoluciones patrimoniales e incautaciones
La defensa técnica, encabezada por el abogado Ramiro García, cuestionó durante la diligencia que Fiscalía solicitara medidas más gravosas sin demostrar incumplimientos en este expediente específico. El jurista rechazó los fundamentos fiscales señalando que las actividades financieras mencionadas corresponden a operaciones societarias comunes y regulares.
No obstante, la orden de excarcelación en este proceso no procede para su liberación física. La actual retención de Álvarez obedece a una infracción directa a las medidas sustitutivas impuestas en otra causa penal.
La manipulación del dispositivo de vigilancia obligó a la judicatura pertinente a revocar los beneficios y ordenar su traslado a la cárcel para garantizar su comparecencia legal ininterrumpida.
La esposa y madre de Álvarez: a la espera de formulación
La audiencia de vinculación prevista dentro del caso Goleada no pudo instalarse durante la madrugada de este jueves 14 de mayo. La Fiscalía buscaba incorporar a 14 nuevos procesados: cinco personas naturales y nueve personas jurídicas. Entre las personas que pretendía vincular constaban Fiorella Icaza Samán, esposa del alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez; Gioconda Henriques Aycart, madre del alcalde; y otros tres allegados.
Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo que existía una presunta maniobra para retrasar el proceso y cuestionó que las empresas se encontraran sin representación legal.
Sin embargo, las defensas señalaron que las renuncias de los gerentes ocurrieron entre febrero y marzo pasados, antes de que el fiscal solicitara fecha para esta diligencia. Según los abogados, esa situación ya constaba en registros previos y pudo advertirse con anticipación.
El juez Jairo García decidió no instalar la audiencia. Argumentó que continuar con la diligencia sin representantes legales para las personas jurídicas podía afectar el derecho a la defensa y abrir la puerta a futuras nulidades procesales.
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