La Asamblea le añade viscosidad al MuNa

Mientras el debate alrededor del Museo Nacional -MuNa- giraba en torno a gustos y disgustos, en la Asamblea se aprobaba una ley que podría terminar definiendo lo que realmente está detrás del desarrollo inmobiliario que, según diversas versiones, se pretende construir en los terrenos aledaños.

Reforma legal abre dudas sobre competencias municipales

De acuerdo con una prolija investigación del urbanista Alfredo Carrasco, la ordenanza municipal PMDOT-PUGS 003-2024 establece que en los terrenos donde supuestamente se levantarían las torres de 24 pisos no es posible desarrollar ese tipo de edificaciones. Los propietarios de esos predios, según la pesquisa de Carrasco, serían: un fideicomiso privado cuyos propietarios no se conocen, la Presidencia de la República y el IESS. Según el investigador, a estos tres actores les convendría comercialmente que la ordenanza del municipio sea modificada.

Sin embargo, aquí aparece un elemento que le añade viscosidad al tema: la Asamblea Nacional y su mayoría oficialista, aprobó -pocos días antes del escándalo por el proyecto ganador del Museo Nacional- la reforma a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, sustentada en un veto del presidente de la República, cuya familia, dicho sea de paso, mantiene importantes intereses en el negocio inmobiliario.

La ley crea una figura nueva: el Proyecto Estratégico Nacional de Construcción de Vivienda. El presidente de la República puede declararlo; los municipios prácticamente no tienen margen para oponerse; se fijan plazos obligatorios para los permisos y, además, la planificación territorial municipal debe adecuarse a esa declaratoria.

Intereses y ordenanzas en tensión por desarrollo en La Pradera

Es verdad que la ley no dice expresamente que un Proyecto Estratégico Nacional prevalezca sobre una ordenanza municipal ni las deroga. Pero tampoco aclara qué ocurre cuando ambas normas entran en conflicto. Ahí está el verdadero problema.

La reforma abre un vacío jurídico que podría permitir al Ejecutivo sostener que una declaratoria presidencial obliga al Municipio de Quito a adaptar su planificación territorial. Si esa interpretación llegara a imponerse, ya no haría falta modificar la ordenanza que hoy protege La Pradera: bastaría con dejarla sin efecto en la práctica mediante la aplicación de la nueva ley. Ese es el riesgo que la Asamblea dejó abierto y que puede beneficiar a los dueños de los terrenos aledaños al MuNa.