La condena sin sentencia

Un juez puede disponer sobre nuestra libertad, nuestros bienes, nuestras familias y nuestro trabajo.

Pocas funciones públicas concentran un poder tan directo sobre la vida de las personas. Por eso quien juzga debe ser probo, preparado, independiente y prudente, y ejercer ese poder con plena conciencia de su responsabilidad. Una decisión justa protege derechos. Una decisión equivocada puede vulnerarlos y convertir al propio sistema de justicia en fuente de injusticia.

Lo sé por experiencia propia. A mí se me dictó injustamente una orden de prisión. Desde entonces entendí que la arbitrariedad judicial no es un problema lejano, reservado para quienes aparecen en las noticias; puede alcanzarnos a todos.

La reparación no compensa el error

Conozco desde siempre a Priscila Burneo. Durante más de tres años enfrentó un proceso penal y llevó un grillete electrónico dispuesto judicialmente. El 8 de julio pasado, durante el alegato de clausura, la Fiscalía retiró la acusación porque la prueba practicada no acreditó su responsabilidad. Nunca existió una sentencia condenatoria; sin embargo, para entonces el proceso ya había producido efectos difíciles de distinguir de una pena. Incertidumbre, angustia, gastos, restricciones y un daño personal que ninguna resolución puede borrar.

¿Quién devuelve lo perdido cuando es el propio sistema de justicia el que causa el daño? La Constitución responsabiliza al Estado por la detención arbitraria, el error judicial, la demora injustificada y la violación del debido proceso. Pero hacer efectiva esa responsabilidad exige iniciar otro proceso, contratar más abogados, incurrir en nuevos gastos y prolongar el desgaste. El Estado debe luego repetir contra el funcionario responsable. Una reparación económica no puede devolver el tiempo, la tranquilidad o la libertad perdidos. Así, aun cuando esa responsabilidad llegue a hacerse efectiva, la reparación será siempre tardía e incompleta.

Una sociedad solo puede vivir en libertad cuando confía en que su justicia sancionará al culpable y protegerá al inocente. Cuando falla, la libertad de todos deja de estar garantizada.