La polémica de los narcogenerales no puede quedarse en polémica. En el ruido que altera las redes unos días y luego pasa al olvido. Ecuador no puede naturalizar que haya miembros de la cúpula policial, jueces y funcionarios del sistema judicial que reciben dinero, cooperan o son parte de redes relacionadas al narcotráfico. El escándalo debería ser mayúsculo. La tibieza de la reacción popular solo sintoniza con la ligereza de las autoridades en su obligación de investigar y depurar.

Es impensable que un país pretenda progresar, le cobre impuestos cada vez más altos a sus ciudadanos, aspire a integrarse en bloques comerciales y hasta ser un referente mundial en productos específicos cuando la delincuencia organizada está en la médula. No se aguanta el descrédito de una iniciativa fiscal que solo habla inglés y ni pestañea ante las incontables noticias de delito que le llegan de los medios, que le llegan en inglés y que hasta suceden en su puerta y en su entorno. Todos los que están encargados de dar protección y vigilar las irregularidades son sordos o ciegos o se lo hacen. Y los que tienen capacidad para cambiar las cosas con la sana crítica y se callan son mudos. Todos cómplices -aunque no entre a un plano penal siendo rigurosos- del desafecto de los niños, los jóvenes, los padres, los trabajadores, los jubilados, los enfermos o los emprendedores sobre el futuro de este país. No hay cómo creer en nada si cualquier esfuerzo es susceptible de perderse en el accionar de los más sabidos y la indiferencia de los que controlan. Hagan sus deberes o hagan espacio.