Hacer frente a los complejos problemas que agobian al país y concebir e implementar las leyes y decisiones idóneas para combatirlos y solucionarlos, requiere conocimiento, experiencia, especialización y también grandes dosis de integridad y civismo, para priorizar, siempre, el bienestar del Ecuador. No es tarea que pueda ser asumida por improvisados, elegidos por su popularidad o porque formaron parte de una lista del partido que resultó más votado. Mucho menos por personas cuya honestidad está cuestionada.

No es posible que la derogatoria o modificación del marco legal vigente y que la fiscalización de los asuntos de Estado recaigan en personas que no cuentan con preparación suficiente. Contar con estudios de tercer nivel o con una trayectoria exitosa que acredite la pericia indispensable para desempeñar un cargo de tan alta responsabilidad debería ser requisito imprescindible para integrar la Asamblea. No obstante, algunos asambleístas incluso tienen serias dificultades para leer y expresarse, falencia que no puede ser cubierta por ningún tipo de asesor pues lo que falla es la comprensión lectora, es decir, el proceso cognitivo que hace posible entender el significado de un texto. Una evaluación que mida esta capacidad sería un primer paso para la depuración del Legislativo.