Ningún escenario poselectoral en 2021 permitirá conducir a Ecuador a la prosperidad si no se logra que la justicia sea realmente independiente. Tampoco se logrará sin una institucionalidad sólida. Ambas son fundamentales para la reactivación económica, pues ante la imposibilidad de que el país continúe endeudándose, es la inversión privada, local y extranjera, la única en capacidad de inyectar recursos a través de la ejecución de proyectos que signifiquen ingreso de divisas y generación de empleos. Pero esta inversión no vendrá si el clima de negocios no mejora, si no desciende el riesgo país, y si la legalidad no está garantizada y no existen políticas de Estado que aseguren la continuidad de normas, tratados, disposiciones tributarias, etc. La sola posibilidad de que con el ascenso al poder de una tendencia política se desconozcan sentencias ejecutoriadas, agrava la situación. Con un proceso electoral deslegitimado desde ya por las decisiones tomadas y por la pugna existente entre el CNE y el TCE, con un cuestionado proceso de selección de jueces de la Corte Nacional, el panorama futuro luce oscuro e incierto. Y la delincuencia común, amparada en este marco de impunidad e ilegalidad a todo nivel, crece desmesuradamente. No hay futuro sin justicia.