Editorial: Depurar el Consejo de la Judicatura
El país corre el riesgo de que la justicia quede en manos de funcionarios que operan a favor de grupos organizados
Resulta inadmisible que la justicia en Ecuador esté siendo administrada por un organismo seriamente cuestionado por incurrir, por decir lo menos, en graves irregularidades; un ente en el que uno de sus consejeros está siendo procesado por obstrucción -precisamente- a la justicia, y otro sobre el cual se ciernen sospechas de corrupción, al punto de que su visa norteamericana ha sido cancelada: el Consejo de la Judicatura, que maneja ciertas cortes en función de intereses de terceros y que incluso ha manipulado la elección de los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia, cumpliendo la agenda de movimientos políticos que lo auspiciaron, al punto que uno de los candidatos mejor puntuados fue sancionado por esa misma Corte.
El país corre el riesgo de que la justicia quede en manos de funcionarios que operan a favor de grupos organizados que defienden sus objetivos particulares a toda costa. La responsabilidad de librar a Ecuador de este cáncer no es solo de los políticos, que están obligados legalmente a hacerlo, sino de la sociedad civil. ¿Dónde están los colegios de abogados ? ¿Dónde las organizaciones no gubernamentales que dicen defender los intereses de los más vulnerables? Presionar a la nueva Asamblea para que enjuicie al Consejo de la Judicatura antes de que sea demasiado tarde es una tarea cívica irrenunciable.