La Unidad de Análisis Financiero y Económico debería ser la institución con mayor carga laboral de este país. Los indicios gritan y esta institución deja mucho que desear por su poco efectiva reacción.

Un caso: el ahora comandante general de la Policía Nacional, siendo director de Seguridad Ciudadana y Orden Público reconoció que existen en las filas uniformados que trabajan en contubernio con las bandas organizadas dentro de las cárceles. Otro, los narcogenerales. Así llamó el embajador de Estados Unidos al grupo de altos oficiales que solapan a los grupo narcodelictivos a cambio, seguramente, de una tajada del pastel. Y no se diga de algunas familias muy conocidas, cuyas prácticas no son precisamente dignas de ser catalogadas como lícitas.

Todos. Policías, militares, políticos y funcionarios públicos en general deben justificar su forma de vida, sus gastos e ingresos, los viajes que hacen, los vehículos que conducen, las casas que tienen. No es tolerable que algunos se ufanen de amasar fortunas cuyo origen legítimo no es posible demostrar.

Si hay instituciones que no cumplen con su trabajo, por el que los ciudadanos pagan sus impuestos, estas deberían desaparecer.