La adicción al tabaco les cuesta cara a los ecuatorianos. No son solamente las pérdidas sociales y personales incurridas por la mortalidad prematura (el consumo de tabaco está asociado con más de 40 tipos de cáncer) y la morbilidad, que suman miles de millones de dólares en el tiempo. Es, más aún, una política pública fallida que abarca todos los estamentos gubernamentales pasados y presentes, puntualmente en las aduanas, que dejan ver y pasar el negocio de los cigarrillos ilegales en el país, negocio que suma el 80 % del consumo de tabaco sin pagar los impuestos que, al ser inconsultamente altos, impulsan el delito del contrabando.

No hay norma que no sea violada. Las ventas al menudeo, expresamente prohibidas, son el modo regular de expendio. Al cesar la producción local hay cientos de productores agrícolas que ya no tienen a quién vender su producto, mientras las coimas son el aceite que lubrica y facilita las transacciones prohibidas. Surge así invicta la corrupción, el engaño, el robo y, lamentablemente, la sinvergüencería que atenaza al servicio público. Es una alarma sonora e indignada la que levantamos. El país no va a cambiar si las autoridades son los alcahuetes del contrabando de cigarrillos.