Ya conoce el Gobierno el sabor de hacer sus deberes y obtener el beneplácito del ciudadano. Tampoco conoce justo lo contrario: haber levantado expectativas y ver nacer la decepción en sus votantes. No quería cerrar el año el presidente con el sinsabor de una reforma tributaria que, como todas las subidas de impuestos en todos los países del mundo, iba a pasar una factura. Aumentar la carga impositiva siempre tiene un precio político, un desgaste por más que se encuentre la panacea del marketing para justificarla.

Este Gobierno ha apostado al salario básico y al cumplimiento de una promesa electoral que no tenía otro fin que el efectista de cara a sus votantes. La subida de 25 dólares le da un balón de oxígeno y despeja ciertas dudas sobre si cumpliría con su promesa de campaña de elevar el sueldo mínimo a 500 en cuatro años.

El inconveniente no será el malestar ciudadano, sino el de los suyos. El sector empresarial que veía en el modelo económico que llegó con las urnas una ventana de respiro a los últimos 14 años. Pero en medio año, subieron los impuestos y la carga laboral. El sector privado augura menos dinamismo -y no más- en las contrataciones, cuando aún no se da por resuelta la salida económica a la pandemia.