La misión del periodismo es desvelar los secretos de la cosa pública, donde se manejan recursos de los contribuyentes y se toman decisiones que afectan directamente a los ciudadanos. Sin embargo, los esfuerzos de los medios de comunicación para hacer respetar los derechos de la comunidad y evidenciar actos de corrupción en las instituciones públicas resultan infructuosos si las autoridades siguen mirando hacia otro lado. De nada sirve la denuncia si no tiene eco en las instancias judiciales, si los políticos no la usan para fiscalizar y, lo más importante, si la sociedad no se empodera de ella para pedir cuentas a quienes usaron su voto para llegar al poder. El periodismo es solo una parte de este engranaje conformado por los demás poderes del Estado, que le deben una respuesta al país para explicarle por qué, por ejemplo, tiene que hacerse cargo de las malas decisiones de funcionarios que desaparecieron dineros públicos en inversiones dudosas. O el motivo por el que se abusa de medidas cautelares en casos puntuales que involucran a personajes específicos. En resumen, y como una golondrina no hace verano, el remedio para la corrupción no surtirá efecto si todos los ecuatorianos seguimos permitiendo que nos roben en la cara.