El país enfrenta horas aciagas tras el embate de la pandemia, de la corrupción endémica, de la crisis política, de líderes que no logran construir una propuesta viable para gobernar, del desempleo que ha dejado miles de damnificados, en fin. Mientras se coordina la apertura de parques, gimnasios y discotecas, las escuelas y colegios continúan esperando una luz que les permita recuperar el tiempo perdido. Algunos negocios, por su parte, intentan despuntar, pero no siempre bajo condiciones que beneficien también a los consumidores. El irrespeto a los precios de venta al público definidos por las instancias reguladoras se ha convertido en una constante, ya que el cliente termina pagando más de lo que se anuncia, sin que reciba una compensación. Todo indica que esas tarifas serían únicamente referenciales y opcionales para los que integran la cadena productiva. No es factible -ni ético- que un bien de determinadas características termine costando más del doble de su tarifa original con la justificación del alto costo impositivo. Las autoridades deben poner atención a esta política especulativa que perjudica a quienes de por sí han visto mermados sus ingresos y controlar que el mercado no se convierta en tierra de nadie, en perjuicio de la mayoría de ciudadanos.