Sus cartas son voluminosas, llenas de artículos de leyes, tratados y sentencias copiadas y pegadas para intimidar a quienes tengan la osadía de publicar los casos judiciales en los que están implicados sus clientes. Y les da igual que ellos permanezcan en la oscuridad, prófugos de una justicia a la que apelan para proteger su prestigio y buen nombre. Son los abogados matoniles, quienes, ante la ausencia de alegatos consistentes, pretenden provocar miedo bajo amenazas, desacreditando con beligerancia la labor de magistrados y periodistas que han procesado y develado, respectivamente, tramas de corrupción a granel, respetando la presunción de inocencia, que no es igual a proteger identidades de quienes tienen que dar la cara al país por sus actos. Los sicarios del derecho se sienten dignos herederos de la década perdida, en la que bastaba un telefonazo desde el poder para obstaculizar cualquier investigación en nombre de una absurda ley mordaza que no protegía a los ciudadanos, sino a los políticos, que se acogían al linchamiento mediático para victimizarse ante la opinión pública. Es hora de que entiendan que sus piruetas jurídicas no van a doblegar a los medios, ya que al perder el control de las cortes, tendrán que litigar en igualdad de condiciones y no al amparo de gobiernos que le metieron mano a la justicia y se ufanaron de aquello. Esperemos que la independencia de jueces y fiscales sea un tónica constante.