Crisis eléctrica

Que no se corte el servicio eléctrico a los domicilios, no significa que el país haya superado la crisis presente desde hace algunos años. La desconexión obligatoria de las 9.089 empresas es la muestra de que las generadoras no pueden satisfacer la demanda actual. Aunque los datos disponibles no son concluyentes, el déficit de generación estaría alrededor de 1.300 MW de potencia frente a una demanda total de alrededor 4.400 MW. La causa principal es el estiaje que se presenta entre octubre y marzo de cada año. La falta de agua en las represas y en los ríos que alimentan las centrales de pasada, pone fuera de servicio a varias turbinas que dejan de operar. Y los 450 MW de Colombia atienden prioritariamente las necesidades de ese país.

Ecuador necesita potencia firme

Según los expertos, el país requiere instalar alrededor de 1.600 MW de potencia firme, es decir que no dependa de las lluvias. Actualmente se estaría cubriendo parte de este déficit con las barcazas, cuyo uso es emergente y cuyos costos son elevados, junto a reparaciones de antiguos equipos térmicos.

La gravedad de la crisis eléctrica y la urgencia de resolverla está por encima de la búsqueda de culpables y la necesidad de sancionarlos. Esta fase corresponde a fiscales y jueces y a la aplicación estricta de la ley. Pero eso no resuelve el problema, lo que se requiere es un acuerdo nacional para adoptar las medidas constitucionales, legales y operativas que permitan superar cuanto antes la actual situación.

Un nuevo modelo para el sector eléctrico

Hay que eliminar el principal obstáculo constitucional que es el monopolio estatal de los sectores estratégicos (artículos 313, 314, 315 y 316 que disponen que solamente “en forma excepcional” puede delegarse al sector privado el servicio eléctrico. Indispensable: ajustar la ley eléctrica a la nueva realidad; crear el mercado mayorista de energía al que concurran operadores públicos y privados; asegurar la estabilidad jurídica, la intangibilidad de los contratos, y restructurar y despolitizar los entes públicos de regulación y control.