El juicio político contra María Paula Romo pone a la Asamblea en una encrucijada. Sobre la mesa, dos temas: la actuación de la ministra en la crisis de octubre de 2019 y su participación en el esquema de corrupción conocido como el-reparto-de-los-hospitales.

Sobre el primero se ha venido debatiendo durante un año, si se puede llamar debate a la repetición insistente de acusaciones no confrontadas a los hechos. Dicen quienes intentaron dar un golpe de Estado, que María Paula Romo los reprimió violentamente. La llaman asesina. La motejan como “María Bala Plomo”, aunque la Policía a su mando no disparó una sola bala contra manifestantes que incendiaron edificios públicos, secuestraron a decenas de personas, hirieron a uniformados, atacaron ambulancias (lo cual provocó muertes), prendieron fuego a un bosque (lo cual provocó más muertes), boicotearon infraestructura estratégica, sitiaron la capital de la República, se tomaron masivamente la sede de la Asamblea...

¿Hubo víctimas? Claro que sí. Siempre las hay cuando las manifestaciones tienden a romperlo todo. Porque si la Policía tiene el monopolio del uso legítimo de la violencia, es para ejercerlo. De ahí a acusar al Gobierno de haber ejercido la voluntad política de reprimir a sangre y fuego a manifestantes pacíficos hay una distancia enorme. Esa acusación no solo es una mentira sino una infamia. En eso se han pasado un año, precisamente, los violentos: los extremistas de la Conaie, los senderistas que hoy salen a la luz confesando sus proyectos antidemocráticos en el libro de Leonidas Iza y, también, los correístas que se colaron en la revuelta.

Llevar a juicio político a la ministra de Gobierno por su actuación en la crisis de octubre es entregar la razón a los golpistas. Es no tener reparo en falsificar la historia con el fin de conseguir objetivos políticos personales. Que lo haga una asambleísta del correísmo, Amapola Naranjo, no tiene por qué extrañar a nadie. Pero junto a ella figuran dos legisladores de la derecha. Roberto Gómez y Lourdes Cuesta, exintegrantes de la bancada de CREO, actúan como si un juicio político no tuviera consecuencias políticas. Por lo menos ellos no se hacen cargo.

Muy distinto es el segundo tema mencionado en el proceso: el reparto de los hospitales. Daniel Mendoza, el asambleísta más embarrado en esa red de corrupción, la involucró directamente. Ella, claro, lo niega. Sus alegatos pueden serle útiles ante la justicia ordinaria, donde hasta el momento no se demuestra su participación directa. Pero ¿y en un juicio político? En un esquema de coordinación en el cual las relaciones entre Carondelet y la Asamblea las manejaba ella, ¿es creíble que Romo ignorara lo que ocurría en los hospitales, la manera como estos se distribuían como cuota política entre legisladores oficialistas y aliados? ¿Es posible que una ministra de Gobierno pueda salir de escándalo semejante con la confianza política intacta? No. María Paula Romo debería ser censurada por este tema.

Solo hay un problema: el caso no consta en el expediente del juicio. Hace falta, por tanto, retorcer la ley hasta extremos de la verosimilitud para introducirlo en el proceso. Los interpelantes, por supuesto, lo están haciendo, pero únicamente lo lograrán a fuerza de comprometer aún más su propia credibilidad en un tema en el que ya están embarrados demasiados colegas suyos como para que la Asamblea tenga la autoridad moral para censurar a nadie. ¿Habrá los 91 votos que se necesitan para destituir a Romo? Es probable. Pero aunque los haya, la Asamblea no saldrá bien parada de este juicio.