El informe de la comisión creada por la Defensoría del Pueblo para investigar los hechos de octubre de 2019 salió a la luz con un sentido perfecto de la sincronización. ‘Timing’, como se dice en estas épocas de anglicismos. Con ese informe bajo el brazo, el titular de ese organismo, Freddy Carrión, hizo lo que se esperaba de él: entró en campaña electoral. El documento ya permitió a Andrés Arauz escapar por las ramas en el debate presidencial, cuando le pusieron por delante las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno de su jefe. Al candidato correísta le preguntan por el asesinato del general Gabela y él dice octubre. Por los Diez de Luluncoto y dice octubre. Por los inocentes encarcelados del 30 de septiembre: octubre. El escarmiento de líderes indígenas: octubre. La deportación de cubanos: octubre… Y saca de la carpeta el oportunísimo, preciado informe del defensor del Pueblo.

Ahora Carrión rinde un nuevo servicio a la causa correísta. Ha llevado ese mismo documento a la Fiscalía porque quiere enjuiciar al presidente Lenín Moreno, a la exministra María Paula Romo y a los altos mandos policial y militar que afrontaron la crisis. La acusación es de locos: crímenes de lesa humanidad. Ni más ni menos. Es decir: “Ataque sistemático o generalizado a la población civil”, como explica el informe. Ahora resulta que Moreno es Hitler. ¿Cómo se llega a esta conclusión? Muy fácil: mintiendo. Estableciendo una narración según la cual las protestas de octubre de 2019 fueron pacíficas.

Los miembros de la comisión del defensor Carrión se saltaron la parte del ataque sistemático y generalizado a la población civil perpetrado no por policías y militares sino por los sublevados: los que amenazaron con privar de servicios básicos a cantones enteros y pretendieron atentar contra el reservorio de agua potable de la capital de la República; los que suspendieron las telecomunicaciones en la Sierra central; los que atacaron ambulancias en servicio, lo cual causó algunas de las víctimas mortales que el informe atribuye al Estado; los que saquearon empresas y comercios, secuestraron personas, torturaron policías; las hordas de lumpenproletarios instigadas por agitadores correístas como Virgilio Hernández y que, el sábado 12 de octubre, patrullaban la capital intimidando a barrios enteros, apedreando negocios que se atrevieron a abrir sus puertas, apaleando autos que osaron salir a la calle… Sí que estuvo bajo ataque la población civil pero no fue, precisamente, por la acción de policías y militares. Si esta parte de la historia se omite, claro que la actuación policial, de la cual nadie pretende pasar por alto los abusos, resulta desmesurada. Y esto, omitir la parte más relevante de la historia, es lo que hace Freddy Carrión. No solo es deshonesto: es inmoral.

Por el momento, el informe de la Defensoría sobre Octubre de 2019 y el juicio contra Moreno por crímenes de lesa humanidad son las mejores armas con que cuenta el correísmo para ganar los votos en disputa de Yaku Pérez y el movimiento indígena. Porque uno de los efectos poco comentados del éxito electoral de Pérez es, precisamente, el blanqueamiento de lo que ocurrió en esa crisis: los violentos se colaron entre las nuevas y nobles causas ciudadanas. Por eso, en un eventual gobierno de Andrés Arauz, el defensor del Pueblo tiene un cargo asegurado. Quién sabe, podría ser el nuevo fiscal general del Estado una vez que el correísmo recupere la justicia, como gusta prometer. En fin, un buen cargo. Se lo merece.