Una bofetada indignante

Recuerdo cuando en agosto de 2017, el fiscal general de la nación de ese entonces, Carlos Baca Mancheno, antes asesor del expresidente Rafael Correa y parte de su círculo cercano, apareció en los medios de comunicación anunciando que vincularía al entonces vicepresidente Jorge Glas en los delitos de corrupción ligados al caso Odebrecht.

A pesar de tener un criterio político distinto y haber militado desde la oposición, un sentimiento de esperanza se generó en mí al ver que quienes habían sido parte de su mismo proyecto político mostraban con entereza -y con pesar- la voluntad de luchar contra la corrupción. ¿Entendemos cuántas pruebas deben haber existido, a pesar de los esfuerzos de manipularlas o borrarlas, para que sus propios compañeros no tengan otra salida que tomar?

En una entrevista por esos días, Baca Mancheno, con un tono que oscilaba entre la decepción y el lamento, afirmaba que “si hubiese tenido un 1 % de duda sobre la participación de Jorge Glas en el delito, no lo habría acusado”.

Con habilidad, el correísmo, con su líder a la cabeza, ha pretendido proyectar una narrativa que menciona que ha sido la fiscal Diana Salazar quien, por supuestas razones políticas, denunció a uno de sus personajes más importantes y emblemáticos. Pero no: fue su propio fiscal.

Días antes de ser posesionado, en una declaración ante la prensa, el expresidente Rafael Correa mencionaba que Baca Mancheno “sería un lujo de fiscal”. De hecho, lo calificaba como “un jurista de primer nivel” y justificaba su designación porque había tenido el puntaje más alto del concurso.

Sobre Jorge Glas, muchos de sus propios coidearios ya dudaban con antelación. Desde su designación en 2012 como candidato a vicepresidente, los cuestionamientos internos no cesaron. Era la época en que incluso se había acusado a su padre por la violación -luego probada- a una niña menor de edad. La respuesta oficial era que Glas no se había criado con su padre, aunque años más tarde, durante el pago de su pena, se conoció que adquirió la nacionalidad alemana gracias a su padre.

El pasado día sábado, el país recibió otra bofetada de quienes deberían tener la responsabilidad de guiar con ejemplaridad la cosa pública, sin importar su ideología. Proponer siquiera de candidato presidencial a un sentenciado por corrupción, que horas antes había recibido una ilegal restitución de sus derechos políticos por parte de un juez que hoy se encuentra fugado, es un irrespeto a la lucha contra la corrupción. Sin hablar de detalles como los de su padre, su tío o el plagio de su tesis, este sí, comprobado.

Intentar construir una narrativa de persecución política, ante las descaradas acciones de su exvicepresidente y otros familiares, para volver al poder, solamente confirma que, o fueron parte de las acciones ilegales, o no tienen la capacidad para saber de quién se rodean.

Nuestro país requiere que los políticos no tapen las incorrecciones que cometen los actores que los rodean o representan. El país exige que exista una lucha frontal contra los que mienten, roban o matan. El Ecuador necesita candidatos que tengan credenciales para consolidar una verdadera ejemplaridad pública en caso de que sean elegidos.