Gobierno discriminador
Lo pretendido atenta abiertamente contra este principio, para favorecer a dedo a unos grupos frente a los ciudadanos.
Los subsidios son necesarios y deben ser focalizados hacia quienes más lo necesitan. El presidente Lasso lo afirmó refiriéndose al de los combustibles: “ese subsidio no lo pueden recibir los ricos. Ese subsidio es para los pobres”.
Pero, como es costumbre del Gobierno, cambiaron de opinión y apuraditos se opusieron al pedido de que se eliminen los subsidios a los combustibles para los sectores camaronero y atunero, para únicamente retirárselos de manera discriminatoria a la clase media.
Es un insulto afirmar que esos millones en subsidio que tienen los pesqueros y camaroneros “en cierta medida se compensan con la seguridad que ellos gastan porque no reciben seguridad por parte del Gobierno”. Si partimos de esa premisa, todos deberíamos recibir el subsidio junto con un arma de cortesía del Estado para defendernos de la delincuencia, pues el Gobierno no da seguridad a ningún ecuatoriano. Nos asaltan y matan todos los días y no solo es contra las camaroneras, como lo afirma el gremio, sino a todos los ecuatorianos.
Será complicado aplicar la pretendida focalización del combustible, pues no todas las personas que cuenten con vehículos de cilindraje mayor a 2.201 cc, o camionetas con cilindraje mayor a 3.001 cc, o vehículos todo terreno, son de ricos, pues muchos son utilizados para trabajar, para transporte escolar, de alimentos, entre otras actividades productivas.
Ahora el Ejecutivo debe explicar por qué otorga ese subsidio millonario, con el dinero de todos los ecuatorianos, a ciertos sectores, sin considerar a otros de gran importancia económica, como el agrícola y el industrial.
Dice la Constitución que todos somos iguales ante la ley, que gozaremos de los mismos derechos y oportunidades; y que nadie podrá ser discriminado por razones de condición socioeconómica, ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. Lo pretendido atenta abiertamente contra este principio, para favorecer a dedo a unos grupos frente a los ciudadanos.