No más impunidad
El diálogo se parecía a uno de sordomudos, donde unos no saben escuchar y los otros no saben hablar, donde la desconfianza mutua no viabiliza la participación de interlocutores válidos...’.
Bajo el manto de la protesta social, de las reivindicaciones ancestrales y de la creencia absurda de que los territorios del Ecuador y América les pertenecen, los indígenas nuevamente se toman el país, bloquean carreteras, paralizan la producción petrolera, invaden estaciones eléctricas, se toman gobernaciones, destruyen la Fiscalía, contaminan el agua potable, destruyen parques, agreden a ciudadanos en las calles. Todo esto en nombre de la protesta a cuyo derecho se adhieren.
Solo ellos no entienden la diferencia entre la protesta y los actos de terrorismo. Solo ellos se creen beneficiarios de los derechos consagrados en la Constitución. Se piensan inmunes a las consecuencias de sus actos, ya recibieron sus amnistías por lo que hicieron en 2019 y creen que tienen carta blanca para delinquir nuevamente. Exigen al Gobierno que responda a su agenda de diez puntos; bajo la amenaza de radicalizar las protestas, exigen que se les dé dónde dormir y qué comer para tener fuerzas para seguir destruyendo la capital, se creen con derecho a ocupar la Casa de la Cultura, a destruir al parque de El Arbolito, a transitar por las calles impidiendo que alguien más lo haga, a lanzar piedras a las fuerzas del orden. Responsabilizan al Gobierno por sus actos, por sus excesos, por los heridos o muertos que resulten de los secuestros y agresiones a policías o militares, atacan con machetes, con bombas incendiarias.
Cuando se los confronta a estos hechos dicen que son los infiltrados, que no son ellos, ellos no hacen nada, solo caminan por las calles y protestan.
Por su lado, el Gobierno siembra sus esperanzas en el diálogo, manteniendo sus canales de comunicación abiertos y mostrando una actitud conciliadora, mientras que de forma torpe y contradictoria efectuaba acciones carentes de coherencia: arrestan a Iza sin coordinar con Fiscalía, sueltan a Iza menos de 24 horas después, despliegan a la Policía, luego la repliegan y permiten el avance de los indígenas con la consecuente destrucción a su paso.
El diálogo se parecía a uno de sordomudos, donde unos no saben escuchar y los otros no saben hablar, donde la desconfianza mutua no viabiliza la participación de interlocutores válidos, donde cada uno se mantiene en su trinchera discursiva e ideológica.
El día viernes el presidente en un mensaje claro y directo advirtió que las fuerzas del orden actuarán para salvaguardar la vida de todos los ecuatorianos en estricto apego a la Constitución y las leyes que nos gobiernan. El mensaje pareció haber sido entendido y los indígenas iniciaron su evacuación, sin embargo el paro continúa y el Gobierno no acierta qué hacer.
Ahora, ¿quién paga la factura? Se estima que la pataleta le ha costado al país alrededor de $ 500 millones, con 900 pozos petroleros cerrados, afectaciones al comercio, a las exportaciones, al sector hotelero. La economía ya golpeada está sufriendo las consecuencias de los actos vandálicos de aquellos que solo saben destruir porque no entienden lo difícil que es construir. Esperemos que estos hechos no queden en la impunidad, nuevamente.
Una breve nota de pesar a toda la familia de Diario Expreso ante la partida de su fundador, don Galo Martínez Merchán. Mis sentidas condolencias a su distinguida familia. Paz en su tumba.
