Ecuador será parte de un proyecto de investigación sobre la efectividad de una vacuna contra una nueva cepa del coronavirus; es decir contra un virus mutante, y por lo tanto solo serviría para la cepa investigada. Sería un acto voluntario. Esta vacuna ha sido gestionada por la Universidad San Francisco de Quito - USFQ. Entiendo que las vacunas serán probadas en personas de entre 20 y 50 años, que sepan leer y escribir, y serán opcionales. No se estipula hasta hoy qué pasaría si alguna reacción adversa de cualquier índole se le presentase al ciudadano colaborador,; se lo dejaría a su suerte o quién se encargaría de su recuperación o indemnización en caso de muerte: la OMS Suiza, la USFQ o el Estado. Esto tiene que estar estipulado. En países desarrollados las empresas encargadas de este tipo de investigaciones cobran un valor por gestionar cada prueba. Es un trabajo costoso, de larga duración y los ciudadanos colaboradores reciben un escaneo global de todos los parámetros bioquímicos, respuestas inmunitarias y hematológicas, etc. Así el colaborador en primera instancia es aceptado si sus parámetros están dentro de los de inicio de la prueba. Esto demostraría su condición de sano, caso contrario es rechazado. Todos salen ganando, saben que están sanos completamente o que tienen alguna patología, que deben ser atendidos por propia gestión y reciben un valor económico. Los que son aceptados son remunerados en cifras altas por su colaboración y el compromiso de indemnización en caso de un quebranto de salud. El trabajo es muy serio y la preocupación es constante por responsabilidad profesional. Queremos saber el  procedimiento protocolar de atención a nuestro pueblo. Si les piden algo gratis por un trabajo es inconstitucional, peor si es riesgoso, y la única entidad que debe afrontar todo es OMS Suiza. Con el Estado no queremos trato alguno. Si dicen que se aplicará con preferencia a los sanitarios, policías, militares, ya estamos hablando de obligatoriedad, no algo voluntario. ¿Qué pasará con el que no quiere?