Coraje y disgusto ocasiona ir de compras a uno de los mercados de Guayaquil y también a los comisariatos. Lo advertí desde enero del presente año, cuando el gobierno en una decisión netamente política y no técnica subió el SBU de USD 400 a USD 425; es decir, que luego de esto todos los precios de la canasta básica empezaron a dispararse: unos en cámara lenta, otros con la velocidad de un rayo. Los genios y analistas de este país lo atribuyen al alza del precio de los combustibles y sus derivados por la guerra de Rusia y Ucrania. Otros al costo de las materias primas que se importan para producir un bien determinado. Lo peor es que la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, organismo burocrático adscrito al gobierno y encargado de supervisar, vigilar, controlar que los precios no se disparen, sobre todo de proteger el bolsillo de los consumidores, ha dicho muy suelta de huesos: “que el gobierno no puede controlar la subida de precios de los productos”. La pregunta que se cae de madura es: ¿si no son ellos, entonces quién? Queda claro que la decisión política pesó más que cualquier decisión coherente. Los empresarios de este país lo saben: ellos no pierden; son como los bancos que nunca pierden. Si el gobierno de turno decreta la subida de precios de alguno de los productos de primera necesidad o incrementa el SBU, automáticamente suben todos los precios de la canasta básica. Ojalá el INEC nos diga en valor presente el costo de la canasta básica.

Roberto Flores