El fiscal italiano Giovanni Falcone tuvo protección del Estado italiano durante años, mientras estrechaba el cerco contra la Cosa Nostra de Sicilia. Recibió amenazas contra su vida y la de su familia. Pudo más su espíritu de servicio al Estado y a la ley. Al final sucumbió. De su experiencia pueden extraerse lecciones: un fiscal, si tiene apego a la ley, podrá actuar contra el crimen organizado únicamente mientras no reciba amenazas. Como todo ciudadano, tiene el derecho fundamental a sobrevivir. En el camino recibe el soborno o 'agrado' y con ello evitaría un trágico final y su familia estaría asegurada. Podría recibir protección del Estado si tiene guardaespaldas cuidándolo 24 horas al día; el costo lo asumiría el Estado, que a la larga resulta muy oneroso. Si es honrado y depende su situación de un ente gubernamental honesto, debería exigir por su protección que se tenga en anonimato su identidad. Un fiscal víctima del crimen organizado es una baja en los instrumentos de funcionamiento de la justicia. Un fiscal actuaría con eficacia si fuese acreedor de una normativa especial que limite la presunción de inocencia de los investigados y todo su entorno sea vigilado por la Policía. Esto no se da. Y por informes de prensa se conoce que la Judicatura ha publicado las identidades de los nuevos jueces anticorrupción, que equivale a una invitación al crimen organizado para dominarlos. Esta no es la manera de luchar contra el crimen. Por ello fiscales y jueces en su gran mayoría se limitan a hacer lo que dice la ley; es la forma más segura de sobrevivir. El Estado debe idear otra estrategia, pero estamos muy lejos de ello.

Dr. Francisco Bayancela G.