Cuando en la búsqueda de la justicia para todos recurrimos a la injusticia para algunos, estamos destrozando la fe pública en las instituciones que están destinadas a protegernos. Está bien castigar las atrocidades cometidas en el IESS pero debemos tener en cuenta los distintos niveles de responsabilidad de los funcionarios que participan en un proceso determinado. Los médicos que forman parte de los comités como vocales técnicos no tienen capacidad para decidir el rumbo del proceso, solo están ahí para decir si un equipo que se adquirió cumple con las especificaciones técnicas y si es necesario para el desempeño de las actividades profesionales, nada más; no deciden precios y peor adjudicatarios. Se está cometiendo una injusticia con una médica especialista en Oftalmología, jubilada del IESS, que en algún momento fue emboscada por un grupo de delincuentes, convictos algunos y prófugos otros, para tratar de legalizar sus trapacerías. Fue dispuesto su traslado a Quito y en medio de altas autoridades, presionada para que participe como vocal técnico en la adquisición ya consumada de algún equipo. El problema es que como algunos de los delincuentes fueron descubiertos y una alta funcionaria está presa por presunto peculado, todos los involucrados están siendo condenados por el mismo delito, sin haber probado plenamente su participación. Son arrastrados por la tormenta, que parecería tener también motivaciones políticas. La doctora a que hago referencia es una dama de 67 años que se formó como especialista en el IESS, y luego lo sirvió por más de treinta años de forma intachable, ganándose el respeto de sus compañeros de trabajo y el agradecimiento de sus innumerables pacientes. Actuando de buena fe, creyendo que colaboraba con el progreso de la institución, no supo intuir los fines protervos de sus superiores y participó en un proceso de adquisición.

César Guerrero Irigoyen