Ya es muy frecuente para los ecuatorianos enterarnos cada semana del fallecimiento de personas, en los que el Estado tiene responsabilidad por omisión al no impedirlos cuando está obligado a garantizar la vida de los ecuatorianos, incluidos los que están presos , y a responder por los daños identificados como civiles y morales, en los siguientes casos: viajar a Cuenca por la vía Cuenca-Molleturo, la Baños-Puyo, que están bajo responsabilidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, es como jugar a la ruleta rusa. Uno va rogando que no pase un deslave. A este tipo de desgracia no se la puede calificar de caso fortuito, hay responsables y es el Estado y sus funcionarios: el MTOP y la Secretaría de Riesgo, encargados del mantenimiento, cuidado y prevención de accidentes en los que, como resultado, vemos personas que fallecen. El segundo problema es el más grave: las matanzas que ocurren en el interior de la Penitenciaría del Litoral. La última ocurrió el fin de semana anterior. Este caso, a diferencia de los otros, duró varias horas; los policías y los familiares de los detenidos se encontraban en el exterior y no se tomó ninguna medida urgente para evitar pérdidas de vidas. Como resultado: 68 muertos y 25 heridos, entre ellos personas que se encontraban privadas de su libertad como medida cautelar, sin sentencia y que de acuerdo a nuestra Constitución son consideradas inocentes. Ahora las estadísticas aumentaron, ya son 333 cadáveres en lo que va del año. El inocente, al igual que el delincuente, por muy peligroso que sea, no dejan de ser seres humanos. Aunque privados de su libertad, gozan de ciertas garantías constitucionales que el Estado está obligado a brindarles en un centro de reclusión, siendo la principal la seguridad humana; agregamos comida sana, educación, atención médica y evitar el hacinamiento. En los dos casos citados, el Estado responde en la vía judicial civil por la responsabilidad extracontractual, por la falta o deficiencia en brindar un servicio público eficiente, ya sea en forma directa o por medio de una concesión. En mi calidad de abogado, soy de la opinión que los familiares de los fallecidos tienen todo el derecho de presentar su demanda civil reclamando daño patrimonial en el término legal. Me pregunto. ¿Si el señor presidente no puede solucionar el problema carcelario, podrá con los del país?

Dr. Miguel Bayona Triviño