Es razonable y conveniente para la humanidad que los laboratorios que producen las vacunas solo negocien con los Estados (que son pocos) o con organismos regionales (OEA, Comunidad Europea), donde están representados la mayoría. Pero les es difícil vender al por menor, tratar con decenas de miles de municipios en el planeta, todos políticos; y riesgoso entregar sus inventos a otras personas naturales o jurídicas, y más peligroso si son entes políticos como las municipalidades (inclinadas a discriminar a favor de sus partidarios) que, además, por negligencia pueden dañar la buena fama de las marcas o entregarlas al comerciante que las venderá debiendo ser gratuitas, y que puede constituir un monopolio tan inescrupuloso como el traficante de drogas. El tratamiento de una pandemia solo debe ser competencia del Estado para garantizar una sola estrategia. No procede que un municipio demande en Ecuador a la compañía propietaria de un laboratorio instalado en otro país y así sometida a otra legislación, y que sea aquí simple distribuidor de las vacunas. Será más grave demandar suponiendo que el laboratorio se niega caprichosamente a vender cuando el distribuidor carece de vacunas en sus depósitos. Los gobiernos prudentes pagaron con antelación un anticipo a los laboratorios por centenares de millones de vacunas y ellos recién las están recibiendo. En Ecuador procede que las municipalidades que cuentan con rentas reservadas para la emergencia sanitaria (los felicitamos), las de Guayaquil y Quito primero, se obliguen a entregar al Gobierno Central sus libranzas u órdenes de pago certificadas a favor del laboratorio extranjero, que el Gobierno entregará al laboratorio conjuntamente con su aporte tomado de la Hacienda Pública. Las municipalidades debieron hace un año exigir al Estado que asumiera la integridad del costo de la pandemia, prescindiendo de ocurrencias federalistas o autonomistas, y reservar -en los laboratorios- como hicieron Italia, Francia y Alemania, las decenas de millones de vacunas que hoy necesita Ecuador. Solo Guayaquil demanda más de cuatro millones: el doble de lo supuesto, por si fuera necesaria una segunda inyección. En Ecuador solo deben inyectar las vacunas autorizadas en EE. UU. o la Comunidad Europea. Todos los partidos demanden, y consejos y municipalidades concurran a integrar con el Gobierno Central un Ejército de Salvación Nacional (unos treinta mil sanitarios bajo el mando de un general de FF. AA. con experiencia en la conducción de las masas (como en EE. UU.) para vacunar antes de fin de año a toda la población ecuatoriana. No pierdan tiempo discutiendo con el Gobierno Central o iniciando procedimientos judiciales que no aseguran resultado positivo.

Jaime Damerval