Vicko Villacís y siete personas más enfrentan cargos por lavado de dinero

La audiencia de formulación de cargos del denominado caso Blindaje se instaló este 3 de junio en Quito. Entre los procesados figura el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, junto a otras siete personas investigadas por el presunto delito de lavado de activos.

Según la Fiscalía, los sospechosos habrían participado en una estructura que realizó movimientos económicos millonarios a través de compañías vinculadas entre sí y operaciones financieras que ahora son objeto de investigación.

Investigación se originó tras una alerta financiera

De acuerdo con información expuesta por las autoridades, las indagaciones comenzaron hace aproximadamente un año luego de una alerta emitida por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

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Las pesquisas apuntan a que la presunta organización habría movilizado entre $15 millones y $17 millones mediante transferencias, pagos y otras transacciones destinadas, supuestamente, a ocultar el origen de los recursos.

Los investigadores examinan operaciones relacionadas con empresas vinculadas al alcalde y contratos que habrían mantenido nexos con Petroecuador.

Entre los hallazgos preliminares constan transferencias por cerca de $7 millones, además de retiros en efectivo y movimientos realizados a través de empresas de transporte de valores. Parte de esos recursos también habría sido transferida a funcionarios públicos, según la información presentada por las autoridades.

Operativo incluyó allanamientos en varias provincias

Villacís fue detenido durante un operativo ejecutado de manera simultánea en distintas provincias del país. Durante las intervenciones se realizaron allanamientos y se recopilaron indicios que serán incorporados al expediente judicial.

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La Alcaldía de Esmeraldas señaló que la investigación está relacionada con un contrato entre la empresa Reyten y Petroecuador y manifestó que colaborará con las autoridades mientras avanza el proceso.

Durante la audiencia, la Fiscalía presenta los elementos de convicción recopilados en la investigación, mientras las defensas exponen sus argumentos. Con base en esa información, la jueza deberá decidir la situación jurídica de los ocho procesados.