Millonaria inversión en jueces anticorrupción queda en el aire en Ecuador

Millones de dólares en maestrías de criminalidad compleja, pasantías en la Corte Federal de Puerto Rico, diplomados multilaterales y equipos de seguridad de última generación terminaron en la basura. Toda esa inversión de la cooperación internacional para especializar a los jueces anticorrupción del Ecuador se borró de un plumazo en una sesión nocturna del Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), del 7 de septiembre.

Con la supresión de la Unidad Judicial Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, el organismo echó por tierra años de financiamiento de las embajadas de Estados Unidos e Italia, la OEA, la Unión Europea, la ONU y otras organizaciones de la sociedad civil. La paradoja financiera e institucional se evidencia en los expedientes de los propios magistrados despojados de sus cargos, suspendidos o relegados a despachos civiles.

La formación de elite desperdiciada por el CJ

El historial académico de los administradores de justicia expone el impacto de las decisiones del Consejo de la Judicatura sobre los fondos aportados por la cooperación internacional. Mabel Tapia, quien obtuvo uno de los mejores puntajes en el concurso de selección de la Unidad Anticorrupción, acumuló una de las trayectorias de especialización internacional más documentadas.

Estuvo en el Seminario Internacional en Materia de Lavado de Activos y Extinción de Dominio, organizado por la Embajada de Italia, el Instituto Ítalo-Latinoamericano (IILA), AVSI y Cancillería. Sin embargo, esta semana, una resolución de Talento Human del CJ la despojó de su especialidad y la envió a la Sala de lo Civil.

Byron Uzcátegui y Wiler Chóez participaron junto a Tapia en las capacitaciones financiadas por el gobierno italiano, pero ambos enfrentan hoy un informe del área disciplinaria del CJ que recomienda su destitución tras levantar la orden de prisión preventiva en el caso Goleada, proceso contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

Christian Fierro, quien cursó el diplomado Crimen Organizado Transnacional y Otras Formas de Criminalidad en la PUCE con el auspicio de la OEA e INL, y a pesar de haber sentenciado a 10 años de cárcel a Jezdimir Srdan por lavado de activos en el caso Euro2024, la Judicatura lo suspendió 90 días sin sueldo por una supuesta demora en la causa Triple A. El pedido vino del fiscal Carlos Alarcón, quien también dentro de la Fiscalía sacó a los fiscales más especializados de la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional y los puso a investigar hurtos, robos, violaciones, riñas, delitos de tránsito, etc.

Pasantías, títulos e inmunidad desmantelados

Los jueces de la unidad especializada no solo asistieron a talleres locales. Su formación incluyó credenciales financiadas por agencias internacionales de seguridad y cooperación. La Embajada de Estados Unidos pagó íntegramente pasajes, hospedaje y colegiatura para que ocho jueces de la unidad cumplieran dos estancias académicas en el Instituto de Estudios Judiciales de Puerto Rico, con observación de audiencias en vivo en la Corte Federal de esa isla.

A esta instrucción en litigación oral se sumó la participación en la red internacional de exalumnos de la IACA en Brasil, financiada bajo los convenios del Consejo de la Judicatura con la PADF. De forma paralela, los magistrados obtuvieron maestrías en Criminalidad Compleja en la Universidad de las Américas (UDLA), cursaron programas de formación continua entre la Corte Nacional y la embajada norteamericana, y completaron módulos sobre integridad judicial con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y talleres de rastreo de lavado de activos impartidos por la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF). Ahora fueron trasladados a Quitumbe para que conozcan robos, riñas, abusos de confianza, etc.

La nivelación desde cero de los jueces ordinarios

El cierre de la unidad especializada dejó al descubierto la contradicción del CJ. Tras la disolución del equipo de elite, el Pleno autorizó en la sesión extraordinaria del miércoles 16 de septiembre la participación de 25 jueces penales ordinarios de Pichincha en las Jornadas Técnicas de Especialización en Acusación Penal, Análisis Patrimonial y Litigación en Macrocausas. 

Sin estándares y Jueces en riesgo desde el interior

Los manuales de la UNODC y del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) señalan que la delincuencia organizada y el narcotráfico exigen un juzgamiento a cargo de magistrados altamente especializados e inamovibles. La justicia ordinaria, advierten estos organismos, no cuenta con los insumos técnicos para desmontar la complejidad de las estructuras financieras y operativas del crimen transnacional. 

Antes del desmantelamiento de la Unidad Anticorrupción, Carlos Serrano, otro de los jueces con formación de élite tuvo que renunciar tras ser presionado por funcionarios de la propia Judicatura para beneficiar al serbio Jezdimir Srdan. Un caso que el fiscal Carlos Alarcón ha mantenido en reserva y sin avances. 

Serrano también acumuló una trayectoria de especialización internacional: viajó a São Paulo, Brasil, para la Regional Alumni Conference Latin America de la IACA, financiada por la PADF y la oficina Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, (INL de la Embajada de EE.UU.). 

Completó además en San Juan, Puerto Rico, el curso de 64 horas sobre el sistema penal acusatorio en el Instituto de Estudios Judiciales (JSI), certificado por el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ-OPDAT), a lo que sumó 24 horas en los Diálogos Técnicos en Jurisdicción Especializada organizados en Quito por la Corte Nacional, la UDLA, la PADF e INL. Al final tuvo que exiliarse.

Desde 2021 ha existido un concurso, capacitación y más capacitación, antes de conocer los casos. De la nada se ha dado la competencia a 35 jueces que no ganaron un concurso".Carlos Serrano exjuez anticorrupción.

Excusa

Según Mercedes Caicedo, presidenta de la Judicatura, la supresión de la Unidad es en realidad una forma de fortalecimiento con jueces penalistas elegidos de forma arbitraria.