Supresión de unidades anticorrupción: correísmo presenta demanda de inconstitucionalidad

El correísmo buscará que se declare la inconstitucionalidad de la resolución del Consejo de la Judicatura mediante la cual se suprimieron las Unidades Especializadas Anticorrupción. La legisladora Viviana Veloz anunció la presentación de una acción pública de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.

(Esto seguro te interesa: Xavier Jordán detenido por ICE en EEUU: cuál es su situación migratoria)

“Vamos a presentar una demanda de inconstitucionalidad para que se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de esta resolución que no era pertinente y tiene vicios de forma”, señaló Veloz.

Las declaraciones las hizo en el marco del inicio de un proceso de fiscalización sobre este tema en la Comisión de Garantías Constitucionales, que está bajo control del correísmo. Este 17 de septiembre de 2026 fue convocada la presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, pero no asistió y presentó una excusa.

El argumento del correísmo

El centro de la discusión en la Asamblea sobre la decisión del Consejo de la Judicatura tiene que ver con que, mediante una resolución, se eliminaron este tipo de unidades, pese a que están contempladas en una ley, en este caso, el Código Orgánico de la Función Judicial.

Veloz argumentó que existe un incumplimiento de funciones por parte de los vocales de la Judicatura respecto del Código Orgánico de la Función Judicial. “Están incumpliendo al dejar sin competencia a los jueces encargados de juzgar delitos que están dentro de la Ley de Extinción de Dominio y también de Lavado de Activos”, mencionó.

La intención del correísmo es que, mediante un pronunciamiento de la Corte Constitucional, se deje sin efecto la resolución que determinó que las competencias de las unidades especializadas pasen a otras judicaturas penales de Quito.

¿Qué dice el oficialismo?

Este jueves 17 de septiembre de 2026, la presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, se pronunció sobre la decisión adoptada por la Judicatura. Primero abogó por el respeto a las competencias de las diferentes funciones del Estado.

A la par, señaló que no veía en este tema un caso para iniciar un proceso de fiscalización desde la Asamblea. Aseguró que habrá normativas que deberán acoplarse, con el objetivo de que las leyes sean funcionales.

Mancheno también insistió en que se debe esperar el pronunciamiento de la autoridad de la Judicatura para conocer la hoja de ruta, aunque reconoció que la decisión fue adoptada mediante una resolución, pese a que las Unidades Especializadas Anticorrupción fueron creadas mediante ley.

“Me comprometo a no cruzarme de brazos. A mí me interesa que los proyectos de ley cambien las cosas. Si tenemos que hacer reformas las vamos a hacer”, concluyó Mancheno.