Caso goleada
Fiscalía cierra la instrucción fiscal del caso Goleada: ¿qué sigue ahora?
La investigación por presunto lavado de activos concluyó su etapa de instrucción tras 120 días. El proceso avanza ahora hacia la fase preparatoria de juicio

Fiscalía cerró el 29 de junio la instrucción del caso Goleada contra 26 investigados.
Las claves del caso
- Fiscalía cerró el 29 de junio la instrucción del caso Goleada contra 26 investigados.
- Aquiles Alvarez y su entorno son investigados en Ecuador por presunto lavado de activos.
- Tras el cierre, el caso avanzará a la fase que definirá si llega a juicio.
La Fiscalía General del Estado declaró el cierre de la instrucción fiscal dentro del denominado caso Goleada, proceso penal en el que se investiga al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, junto con familiares y personas vinculadas a su círculo empresarial, por el presunto delito de lavado de activos.
La decisión marca el fin de la etapa investigativa formal y abre el camino hacia la fase de evaluación y preparatoria de juicio, instancia en la que el Ministerio Público deberá presentar un dictamen acusatorio o abstentivo respecto de los procesados.
Instrucción fiscal concluyó tras cuatro meses de investigación
Según la notificación remitida por el fiscal del caso, Dennis Villavicencio, al juez Jairo García Mosquera, la instrucción fiscal concluyó el 29 de junio de 2026, luego de que se cumpliera el plazo contado desde la última audiencia de vinculación realizada el 30 de mayo.
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De acuerdo con la Fiscalía, la causa acumuló 120 días de instrucción fiscal, período que corresponde al máximo previsto para esta etapa procesal. Sin embargo, una de las defensas involucradas en el caso sostiene que el plazo habría superado ese límite y alcanzado los 133 días.
Pese al cierre de la investigación, el fiscal no solicitó de inmediato fecha y hora para la audiencia preparatoria de juicio. Según explicó una de las partes procesales, todavía existen pedidos relacionados con la incorporación de pruebas, por lo que la convocatoria a esa diligencia podría demorarse varias semanas.
Testimonio protegido y revisión de medidas pendientes
Entre las últimas actuaciones realizadas antes del cierre de la instrucción consta la recepción del testimonio anticipado de José Ricardo Cevallos Avellán, procesado en el caso Triple A y considerado testigo protegido dentro del caso Goleada. Cevallos trabajó con empresas relacionadas con Alvarez y su entorno familiar.
Además, continúa pendiente una audiencia para revisar las medidas cautelares impuestas a varios procesados, diligencia que fue convocada para el 3 de julio de 2026.

Julio Cueva e parte de la defensa del alcalde Guayaquil Aquiles Álvarez en el caso Goleada.
Una investigación que involucra a 26 personas
El caso Goleada se originó el 10 de febrero de 2026, tras una investigación previa impulsada por información proporcionada por un cooperador eficaz que posteriormente pasó a ser testigo protegido.
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Ese mismo día, Fiscalía y Policía ejecutaron allanamientos en Guayas dentro de una pesquisa relacionada con presunta delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria.
En la causa son investigadas 26 personas naturales y jurídicas, entre ellas Aquiles Alvarez, sus hermanos Antonio y Xavier Alvarez, sus primos Fernando y Andrés Viteri, su esposa Fiorella Icaza y su madre Gioconda Henriques.
Durante el desarrollo del proceso se ordenaron distintas medidas cautelares. Inicialmente se dispuso prisión preventiva para varios procesados, incluido el alcalde guayaquileño.
Posteriormente, algunas de esas medidas fueron modificadas por instancias judiciales, aunque Álvarez continuó privado de libertad debido a otra orden de prisión preventiva relacionada con el caso Triple A.
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La hipótesis de la Fiscalía
La investigación dio un giro el 14 de mayo de 2026, cuando la Fiscalía reformuló cargos y centró el caso en el presunto delito de lavado de activos.
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Según la teoría fiscal, Aquiles Alvarez y personas de su entorno familiar y empresarial habrían integrado una estructura dedicada a gestionar operaciones financieras derivadas de una supuesta comercialización irregular de combustibles.
La Fiscalía sostiene que se habrían adquirido volúmenes de diésel subsidiado destinado al abastecimiento de embarcaciones nacionales, pero que parte de ese combustible habría sido desviado a embarcaciones internacionales.
De acuerdo con la acusación, las ganancias obtenidas habrían sido canalizadas mediante empresas constituidas en Panamá para ocultar el origen de los fondos a través de operaciones financieras simuladas.
Asimismo, la investigación señala que se habrían realizado modificaciones en la facturación de combustible por lubricantes con el objetivo de encubrir movimientos presuntamente irregulares.