poder judicial
Federación Latinoamericana de Magistrados alerta sobre la justicia en Ecuador: ¿Qué dijo?
El organismo emitió alertas y planteó acciones para garantizar la independencia judicial en el país. Habló de estigmatizaciones
La FLAM encendió las alertas sobre la situación de la justicia en Ecuador e hizo recomendaciones
La situación de la justicia en Ecuador llama la atención de organismos regionales. La Federación Latinoamericana de Magistrados instó al Estado ecuatoriano a “garantizar de manera urgente la independencia judicial”.
En su Declaración de Santo Domingo, aprobada el 9 de abril de 2026 durante su 73ª Asamblea General, el organismo identificó prácticas que, a su criterio, debilitan la independencia judicial en varios países, entre ellos Ecuador.
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Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez
El pronunciamiento parte de que la independencia judicial es un pilar del Estado de derecho y una garantía para los ciudadanos, no un privilegio de los jueces.
En ese contexto, la FLAM advirtió que en la región persisten presiones políticas, campañas de desprestigio, uso indebido de regímenes disciplinarios y limitaciones estructurales que afectan el ejercicio autónomo de la función jurisdiccional.
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¿Qué dice sobre la justicia en Ecuador?
En el caso ecuatoriano, la organización instó al Estado a “garantizar de manera urgente la independencia judicial”, con énfasis en tres aspectos: el cese de las campañas de estigmatización contra jueces, el respeto al debido proceso en procedimientos disciplinarios y la necesidad de atender el colapso operativo del sistema judicial.
Según el organismo, los discursos oficiales o campañas que individualizan a jueces erosionan la confianza ciudadana y afectan directamente la autonomía del sistema.
En agosto de 2025 aparecieron vallas gigantes con las fotos de los jueces de la Corte Constitucional en calles de Quito cercanas a la sede de la Corte.
En cuanto al régimen disciplinario, la Federación advierte sobre el uso de “conceptos indeterminados” que podrían facilitar remociones arbitrarias. Este señalamiento apunta a la necesidad de reforzar garantías como el debido proceso, en un contexto en el que las decisiones administrativas pueden incidir en la estabilidad de los magistrados.
El tercer eje del pronunciamiento se enfoca en la situación estructural del sistema judicial ecuatoriano. La FLAM habla de un “colapso operativo” y recomienda medidas urgentes para fortalecerlo, incluida la asignación de recursos humanos, materiales y tecnológicos suficientes.
El documento también recoge problemáticas comunes en la región: injerencias del poder político, intimidación a jueces, sobrecarga laboral y déficits presupuestarios. Estos factores, advierte, no solo afectan a los operadores de justicia, sino que inciden en la calidad del servicio y en el acceso efectivo de los ciudadanos a la justicia.
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