Dos jueces anticorrupción van a la Corte Constitucional para frenar su traspaso

Los jueces Renán Andrade y Karol Zambrano, de la extinta Unidad Anticorrupción, acudieron a la Corte Constitucional para frenar su traspaso a otras dependencias judiciales.

A través de una acción de incumplimiento de la sentencia 9-22-IN/22, los magistrados buscan detener la reestructuración impulsada por el Consejo de la Judicatura.

El problema surgió tras la emisión de la Resolución 187-2026, con la cual el organismo administrativo eliminó los juzgados especializados en el combate a la corrupción y delincuencia organizada.

Según la demanda, la decisión del organismo incurre en varias violaciones legales directas. En primer lugar, la Judicatura fijó en la nueva norma una lista de delitos que los juzgados deben tramitar, una atribución que le corresponde solo a la Asamblea por reserva de ley.

Además, las autoridades derogaron la Resolución 190-2021, que regulaba la solución de conflictos entre despachos, lo que dejó un vacío legal sobre las competencias operativas en causas complejas.

Los accionantes advirtieron también sobre la reducción del alcance territorial. Los magistrados pasaron de administrar justicia a escala nacional a laborar solo en sectores parroquiales de Pichincha, como Tumbaco o Quitumbe. Esta modificación expone los procesos a eventuales nulidades e incrementa el riesgo para la integridad de los jueces.

El cambio afectó el perfil profesional asignado mediante concurso de méritos. La Judicatura reubicó a la jueza Zambrano en la Unidad de Violencia contra la Mujer de Tumbaco, una materia ajena a la rama penal. Mabel Tapia, quien era jueza de la Sala Anticorrupción, también fue sacada de su especialidad y enviada como miembro de la Sala Civil.

Por su parte, el Consejo ejecutó la medida contra el juez Andrade sin considerar su tratamiento médico por una enfermedad catastrófica. Ante este escenario, ambos solicitaron la suspensión urgente del acto administrativo.

Presidente de la Corte defiende los cambios

En la acera opuesta, el presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, respaldó la reorganización institucional que lleva a cabo la Judicatura. En una entrevista con Vistazo, el magistrado calificó la medida como un paso acertado para dotar de “mayor eficiencia” al sistema.

A su criterio, la decisión del Consejo busca “optimizar el combate a la criminalidad”. El titular del tribunal destacó que la cobertura de estos delitos no disminuye sino que se expande, al pasar de 19 a 50 jueces con competencia para investigar casos de corrupción y crimen organizado.

Sobre las dudas alrededor de la capacitación en los juzgados penales ordinarios, Rodríguez descartó cualquier improvisación. Explicó que los magistrados poseen maestrías y diplomados en derecho penal, por lo que el proceso solo requiere una subespecialización complementaria dentro de la misma rama.

El principal argumento de Mercedes Caicedo, presidenta de la Judicatura, para ordenar la supresión de la Unidad Anticorrupción radica en una supuesta “baja carga procesal” de los despachos especializados, frente a la alta saturación de los juzgados penales ordinarios, que ahora también asumirán las causas complejas.

Justicia que se paraliza en Quito

Las causas que pertenecían a la Unidad Anticorrupción aún siguen paralizadas, tras los cambios ejecutados por el Consejo de la Judicatura. Hay recursos que no se han despachado, como los pedidos de revisión de los hermanos David Aarón y Farid Antuan Dieb Bergher. Están también pendientes los recursos de los abogados de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil. También en el caso de Elías Baldor Bermeo Cabrera, exalcalde de Camilo Ponce Enríquez.