Jueces anticorrupción: Mercedes Caicedo deshace la ley con el tesauro y ADN la defiende

En el año 2020, la Asamblea Nacional aprobó una reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial. En su artículo 230.1, el Legislativo dispuso lo siguiente: “en jurisdicción distrital de carácter nacional, con sede en la ciudad de Quito, habrá el número de juezas y jueces de garantías penales especializados para el juzgamiento de los delitos relacionados con corrupción y crimen organizado”. Habrá... Luego, en el 230.2, los legisladores establecieron que “en la ciudad de Quito habrá el número de juzgadoras y juzgadores que determine el Consejo de la Judicatura para que integren los Tribunales Especializados para el juzgamiento de los delitos relacionados con corrupción y crimen organizado”. Otra vez, habrá.

La discrecionalidad del Consejo de la Judicatura

La ley no dice que el Consejo de la Judicatura podrá crear un juzgado anticorrupción. Tampoco sugiere que existan jueces penales especialmente capacitados a quienes les pueda tocar, de entre decenas de otros, un caso que trate sobre corrupción o crimen organizado. El primer Poder del Estado dio un mandato, sin excepciones, sin facultar al Consejo de la Judicatura o a su personera a anularlo. Sin embargo, precisamente eso es lo que hizo la doctora Mercedes Caicedo con la anuencia de sus compañeros vocales. Pero tal ha sido la indignación dentro del pequeño gran círculo rojo (y celeste, azul marino, gris ratón y carbón y de todos los colores en los que se enternan) de los abogados, que ella y al menos uno del resto han tenido que salir a justificarse alguito.

Caicedo y la supresión de la Unidad Anticorrupción

La doctora Caicedo, en una entrevista, haciendo uso del recurso favorito del debatiente ecuatoriano, la pedantería, salió a querer explicar la finura de la diferencia que según ella hay entre, por un lado, la eliminación y, por el otro, la supresión y fusión de una institución. Lo que trató decir, y no parece que haya convencido a muchos, es que no se ha dejado de tratar casos de corrupción y de crimen organizado en el país. No, lo que se ha hecho es dejar que un montón de otros jueces penales del Pichincha lo hagan. Todo normal. Nada de que preocuparse. Al final, todos son jueces penales, y la corrupción y el crimen organizado, dice, no son ramas del derecho. Otra vez las categorías.

Incumplimiento de la reforma judicial y eliminación de tribunales especializados

Pero eso no responde al cuestionamiento fundamental: la ley exige que exista un distrito especial, una unidad con un determinado número de jueces y sus tribunales, todos dedicados a unos temas específicos. La disposición del pleno del Consejo de la Judicatura elimina aquello. Lo suprime, si así prefiere que lo digamos. El resultado es el mismo, la diferencia con lo que demanda la ley es igual.

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Traslados exprés y riesgos de seguridad 

Después salió el doctor Fabián Fabara a decir que, si bien el Consejo aprobó esta maniobra, a ellos no se les consultó sobre lo otro que pasó. Y es que los hasta hace poco jueces anticorrupción y anti crimen organizado empezaron a ser desperdigados en una serie de traslados exprés hacia otros juzgados de la capital. Jueces que dirigieron y seguirán juzgando causas en extremo delicadas. Jueces que, según varios de ellos, nunca recibieron protección suficiente, ahora serán más difíciles de proteger desde distintos puntos y en edificios que no han sido adecuados para la implementación de los dispositivos de seguridad que sus funciones exigen.

¿Qué harán el doctor Fabara y sus compañeros? ¿Habrá bastado para ellos salir a lavarse las manos? ¿O actuarán como mayoría para cambiar el curso de las cosas?

Blindaje político en la Asamblea y el impacto internacional

Hablando de mayorías, devuelta en la Asamblea Nacional, la mayoría de ADN y amigos ya se movió para quitarle a la oposición correísta la oportunidad de fiscalizar a Mercedes Caicedo, quien ya había ignorado el llamado de la Comisión de Garantías, y le traspasó esa misión a la oficialista Comisión de Justicia. Algo parecido ya había pasado con Inés Manzano y el caso Progen. Ella, al final, no corrió con la suerte de Godoy. Veamos que pasa ahora.

Consecuencias diplomáticas y pérdida de fondos de donantes extranjeros

Y veamos que dicen, si algo, los países y organizaciones que donaron tiempo y dinero a la unidad especializada anticorrupción, que ya podemos decir que terminó corriendo con la proverbial suerte del dodo. A lo mejor ni nos enteremos, incluso si llegáramos a vernos afectados. Así de sutiles son los efectos de una reputación dañada. Para eso no hay Dircom, trol, comunicado ni videíto que te salve.