Caso Progen Ecuador: defensa de Antonio Gonçalves dice que la Fiscalía buscó un “caso mediático”

“En este caso (Progen), el fiscal necesitaba una persona que tenga fuero para poder dirigir la investigación procesal y exhibirse en una formulación de cargos con cámaras y luces. Necesitaba un proceso políticamente importante”, sostuvo Juan Pablo Ortiz, abogado del exministro de Energía Antonio Gonçalves.

Eso respondió, el lunes 18 de mayo del 2026, en el podcast de EXPRESO, Politizados, cuando se le preguntó por qué su defendido enfrenta una orden de prisión preventiva y no otros exministros en funciones, durante el pago a Progen.

La defensa enmarca así la actuación del fiscal General del Estado, Carlos Alarcón, en el denominado caso Apagón —conocido como Progen—. Se investiga a 21 personas por presunto peculado en contratos de generación eléctrica por más de 100 millones de dólares entre la empresa pública Celec EP y la firma Progen. 

La investigación se originó tras la crisis energética de 2024, cuando Ecuador afrontó cortes de hasta 14 horas diarias.

El abogado Juan Pablo Ortiz cuestiona tanto la selección de los procesados como la forma en que se ha desarrollado la investigación. 

“Se involucra a un ministro que estuvo en el cargo apenas tres meses. Si la teoría fiscal es que tenía responsabilidad por ser cabeza del sector y parte del directorio de Celec, entonces deberían estar incluidos todos los integrantes de ese directorio en ese periodo”, afirma.

Sobre la autonomía de Celec

El abogado insiste en que, desde el punto de vista jurídico, Celec es una empresa pública con autonomía administrativa, financiera y jurídica, lo que, reitera, delimita responsabilidades. 

“Los pagos a Progen se hicieron desde cuentas de Celec en el Banco Central. Son sus funcionarios quienes deberían responder”, dice Ortiz, abogado de Antonio Gonçalves, y advierte contra la “politización” del caso: “Más allá de la indignación pública, hay que determinar responsabilidades concretas”.

No todos los implicados están notificados, dice abogado

Uno de los puntos más controvertidos para la defensa es el proceso de notificación a los representantes de la empresa Progen. Ortiz asegura que la Fiscalía no ha seguido los mecanismos formales. “Se ha dicho que fueron notificados a través de correos electrónicos consignados en el contrato. Eso no garantiza una notificación debida”, sostiene.

En la causa aparecen nombres como Andrew Scott Williamson y John B. Manning, vinculados a Progen, pero —según la defensa— no han sido incorporados de forma efectiva al proceso penal. 

“Si no se les notifica correctamente, ¿cómo se garantiza su comparecencia y su derecho a la defensa? ¿Quién está siendo investigado realmente?”, cuestiona.

La responsabilidad del exministro, según su abogado

Ortiz también rechaza la idea de que el exministro tuviera control directo sobre los contratos bajo sospecha. “La fase precontractual y la ejecución de estos procesos no las lleva el Ministerio, sino Celec. El ministro no está en el día a día de las empresas públicas”, afirma.

En su relato, Gonçalves asumió funciones en medio de una coyuntura crítica: déficit de generación, aumento de la demanda, planificación de cortes, revisión de contratos con multilaterales y problemas en sectores como hidrocarburos y minería. “Ese es el ámbito de acción de un ministro”, insiste.

En esa línea, comparó: “Cuando hay casos de corrupción en Petroecuador o en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, ¿se procesa automáticamente al ministro del ramo? No. Se investiga a quienes gestionan directamente las entidades”.

El abogado reiteró lo que ya dijo su defendido. Que él fue un chivo expiatorio”, afirma Ortiz. A su juicio, los elementos presentados por la Fiscalía se limitan a decretos de emergencia, el nombramiento de Gonçalves como ministro y su presencia en el directorio de Celec durante el periodo en que se realizó un pago a Progen.

“Pero en ese directorio hay más miembros, incluido el representante del presidente”, añade.