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Caso Progen: defensa Antonio Gonçalves cuestiona falta de pruebas en pedido de prisión preventiva
No hay sustento para la imputación de Carlos Alarcón, en la investigación que denominó Apagón, sostienen. Reiteran que Celec tenía autonomía.
El pedido de prisión preventiva contra Antonio Gonçalves, solicitado por Fiscalía, debería resolverse el 20 de mayo del 2026.
En un pronunciamiento público, los abogados del exministro de Energía, Antonio Gonçalves, sostienen que la exposición de la Fiscalía General del Estado evidencia “una profunda ausencia de individualización de conductas que permitan sustentar jurídicamente una imputación penal como autor de peculado”.
Luego del pedido de prisión preventiva, formulado por el exfiscal general encargado, Carlos Alarcón, la defensa asegura que él se limitó a presentar acuerdos ministeriales y decretos ejecutivos relacionados con la designación de Gonçalves.
Además a describir las funciones generales del Ministerio de Energía y sus competencias de rectoría y coordinación sectorial.
Sin embargo, aseguran que no ha logrado precisar “cuál habría sido la supuesta omisión relevante atribuible a Antonio Gonçalves, qué acto específico dejó de realizar, qué facultad concreta tenía sobre los contratos investigados ni cómo su conducta habría producido el supuesto perjuicio al Estado”.
¿De qué se trata el caso Progen?
- La investigación —denominada por la Fiscalía caso Apagón— surgió por hechos ocurridos en la crisis eléctrica que atravesó Ecuador, caracterizada por cortes de hasta 14 horas diarias, en 2024.
- En el proceso se investiga a 21 personas por presunto peculado en contratos de generación de energía por más de 100 millones de dólares entre la empresa pública Celec EP y la firma Progen.
La defensa cuestiona a Fiscal y su caso Apagón
La defensa subraya, además, que durante su propia exposición la Fiscalía reconoció la autonomía de Celec EP en la administración y ejecución de los contratos bajo investigación. En ese sentido, considera “jurídicamente inadmisible” convertir funciones generales de carácter político en responsabilidad penal individual.
Asimismo, los abogados destacan que Gonçalves permaneció aproximadamente tres meses en el cargo y que, pese a la magnitud del expediente —que incluye cerca de 30.000 páginas, tres informes de la Contraloría y tres procesos en Estados Unidos—, no existe “una sola prueba, testimonio o elemento” que lo vincule con la contratación, pagos o administración de recursos relacionados con Progen.
La defensa concluye que continuará ejerciendo todas las acciones legales necesarias para demostrar lo que califica como una imputación sin fundamento.
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