Caso Progen: Fiscalía imputa a Calero por viaje a instalaciones de Progen junto a Roberto Luque
La exposición fiscal volvió a centrarse en inspecciones técnicas, pagos millonarios y contratos de emergencia investigados por presunto peculado

La audiencia del caso Progen continúa en la Corte Nacional de Justicia con la exposición de documentos, viajes, inspecciones técnicas y pagos relacionados con los contratos de generación eléctrica de emergencia.
La audiencia de formulación de cargos del caso Progen continuó este viernes 15 de mayo en la Corte Nacional de Justicia con nuevos señalamientos de la Fiscalía contra Fabián Calero, exgerente subrogante de Celec, por su participación en un viaje realizado en mayo de 2024 a las instalaciones de Progen, en Florida, Estados Unidos.
Durante la diligencia, el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, individualizó varios elementos que, según la Fiscalía, vinculan a Calero con el proceso investigado por presunto peculado relacionado con los contratos de generación eléctrica de emergencia para las centrales termoeléctricas de Quevedo y Salitral.
El viaje a Florida que ahora forma parte del caso
Entre los primeros documentos expuestos por la Fiscalía constaron registros migratorios que evidencian el viaje realizado entre el 15 y el 18 de mayo de 2024 a las instalaciones de Progen.
Ese desplazamiento fue organizado por el entonces ministro de Energía, Roberto Luque, después de recibir una invitación directa de la empresa estadounidense mediante una carta firmada por Karla Saud, accionista de Astrobryxa.
Sobre esa visita existe además un video público de Roberto Luque en el que aparece recorriendo la fábrica de Progen y afirmando que revisaba la oferta para verificar que se trataba de “un oferente serio y no un intermediario”.
Sin embargo, durante la audiencia, el fiscal solo hizo referencia a Fabián Calero y omitió mencionar que en ese mismo viaje también participó Peter Dreher, exasesor de Luque y posteriormente asesor del exministro Antonio Gonçalves.
Según se ha conocido dentro del proceso, Dreher también trabajó en la elaboración de los términos de referencia de los contratos investigados.
Fiscalía concentra el caso en tres momentos
La exposición de Carlos Alarcón ha delimitado la investigación a hechos ocurridos entre junio de 2024 y abril de 2025.
Dentro de ese periodo, la Fiscalía ha repetido tres momentos clave: la fase precontractual oficial impulsada por Celec, la suscripción de los contratos por parte de Termopichincha y la etapa de ejecución contractual.
No obstante, hasta ahora el Ministerio Público no ha profundizado sobre la fase previa a la contratación ni sobre los contactos o relaciones que existían entre funcionarios y Progen antes del inicio formal del proceso de emergencia.
Inspecciones y pagos concentran la teoría fiscal
La Fiscalía ha centrado gran parte de su teoría en las inspecciones técnicas realizadas a los equipos en Estados Unidos, donde, según el expediente, se detectaron motores fabricados en 2009 pese a que Celec habría solicitado equipos nuevos de 2023 y 2024.
También se mencionaron restricciones durante las inspecciones, como limitaciones para revisar completamente ciertos motores y prohibiciones para ingresar con teléfonos celulares.
Otro de los aspectos destacados por el fiscal fue la ejecución de seis pagos realizados por Celec a favor de Progen por un total de 104 millones de dólares.
Sin embargo, según se expuso en audiencia, únicamente uno de esos desembolsos corresponde al periodo en que Antonio Gonçalves estuvo al frente del Ministerio de Energía.
Pese a ello, la Fiscalía sostiene que Gonçalves incumplió su deber de proteger los recursos públicos, configurando una presunta responsabilidad por omisión.
Los pagos bajo la administración posterior
Los pagos restantes se realizaron durante la gestión de Inés Manzano, aunque durante la audiencia el fiscal evitó profundizar sobre las transferencias internacionales relacionadas con esos desembolsos.
Tampoco detalló fechas específicas ni montos individualizados de los cinco pagos restantes.
La Fiscalía se limitó a sostener que el perjuicio económico para el Estado ecuatoriano asciende a 104 millones de dólares dentro de la contratación de generación eléctrica de emergencia.