Segundo día del caso Progen: Fiscalía pide prisión preventiva y audiencia seguirá el 20 de mayo

Para Saud y Williamson, la Fiscalía pidió al juez que solicité a la Interpol su ayuda para la localización y captura, ya que los dos residen en Estados Unidos.
La audiencia se terminó sin que el juez tome una decisión. Se retomará el miércoles 20 de mayo, a las 08:30, y los abogados de los procesados tendrán la palabra.

La jueza de la causa deberá resolver si acepta o no el pedido de prisión preventiva formulado por la Fiscalía.

La decisión definirá las medidas cautelares que enfrentarán los procesados mientras continúa la investigación por presunto peculado en el denominado caso Progen.

La solicitud de prisión preventiva también alcanza a Marvin Bryan Rubio Zapata, Daniel Eduardo Suárez Quilumbango, Julio Eduardo Montesdeoca Escobar, Celso David Sánchez Chacán, Nelson Antonio Castro Rodríguez, Luis Paúl Flores Armas, Byron Orozco, Gabriela Alexandra Toazo Caiza, Juan Carlos Cornejo Segovia, Carlos Iván Villacís Moya, Holger Santiago Jaramillo Suntaxi, Marcos Vinicio Poma Jumbo, Marco Antonio Chicaiza Santos, Romel Patricio Llumiquinga Llumiquinga, Javier Lasluiza Navarrete, César Augusto Toledo Zapata y Gonzalo Efraín Guerrón López.

También fueron incluidos Karla Julieta Saud Calero, accionista de Astrobryxa y señalada como lobbista de Progen, así como Andrew Scott Williamson, presidente de la empresa estadounidense.

Sobre Fabián Calero, exgerente subrogante de Celec, el fiscal sostuvo que existiría un supuesto “posible liderazgo institucional que podría tener” dentro de los hechos investigados.

Calero ha sido mencionado previamente en la audiencia por su participación en viajes, inspecciones y decisiones relacionadas con los contratos firmados con Progen.

Al individualizar los argumentos contra cada investigado, Alarcón sostuvo que Antonio Gonçalves mantenía un “rol de control y garante de los recursos públicos” por su cargo dentro del Ministerio de Energía.

La Fiscalía investiga presuntas irregularidades en contratos de generación eléctrica firmados durante la crisis energética y los apagones registrados en Ecuador entre 2024 y 2025.

La Fiscalía argumentó además que el caso tiene impacto nacional por el presunto perjuicio económico derivado de los contratos investigados.

“Nos encontramos frente a un hecho de evidente connotación nacional y evidente malversación de recursos públicos de 104 millones de dólares”, afirmó Carlos Alarcón.

Según el fiscal, la prisión preventiva sería “la única medida útil y efectiva” para garantizar la comparecencia de los procesados.

Durante su intervención, Alarcón sostuvo que existen elementos que justifican medidas cautelares privativas de libertad debido a la “solvencia económica” de los procesados y a circunstancias que, según dijo, permiten inferir un “riesgo de evasión de la justicia”.

El fiscal también mencionó un eventual “riesgo de no comparecencia a las siguientes etapas procesales”.

El fiscal general encargado, Carlos Alarcón, solicitó prisión preventiva para el exministro de Energía Antonio Gonçalves y otros investigados dentro del caso Progen por presunto peculado en contratos de generación eléctrica de emergencia.

La solicitud se realizó luego de que la Fiscalía terminara de exponer los elementos de convicción recopilados durante la investigación.

El fiscal Carlos Alarcón individualizó los indicios que, según la Fiscalía, existen en contra de Fabián Calero, exgerente subrogante de Celec. Entre los primeros documentos que mencionó constan informes sobre sus movimientos migratorios y destacó el viaje que realizó entre el 15 y el 18 de mayo de 2024 para visitar las instalaciones de Progen en Florida.

Se trata del conocido viaje que fue organizado por el entonces ministro de Energía, Roberto Luque, tras recibir una invitación directa de Progen mediante una carta firmada por Karla Saud, accionista de Astrobryxa. Sobre este viaje hay un video de Luque donde dice que está en la fábrica de Progen, que está revisando su oferta y que está asegurándose de que sea un oferente serio y no un intermediario.

Sin embargo, durante la audiencia, el fiscal Alarcón solo mencionó a Calero y no indicó al juez que en ese viaje también participó Peter Dreher, exasesor de Luque y de Antonio Gonçalves, quien además trabajó en los términos de referencia de los contratos de las centrales termoeléctricas de Salitral y Quevedo.

En la extensa exposición del fiscal, que ha centrado el caso en un periodo comprendido entre junio de 2024 y abril de 2025, se han repetido constantemente tres momentos clave. El primero corresponde a la fase precontractual oficial, es decir, desde que Celec inició la preparación del proceso de contratación. Sin embargo, no ha mencionado nada sobre la fase preparatoria ni ha detallado sobre los contactos o relaciones con Progen que existían precio a ese periodo elegido por el fiscal.

El segundo momento que resalta el fiscal es la suscripción del contrato por parte de Termopichincha. El tercero es la etapa de ejecución contractual, en la que ha enfatizado especialmente la inspección de equipos, la cual, según la tesis fiscal, estuvo marcada por varias irregularidades en donde tambien fueron excluidos de la imputación los dos administradores de los contratos.

En esta etapa, Alarcón mencionó seis pagos realizados por Celec a Progen por un monto total de 104 millones de dólares. Sin embargo, de esos desembolsos, solo uno corresponde al periodo en que Antonio Gonçalves estuvo al frente del Minigsterio de Energía. Pese a ello, el fiscal lo acusó de no haber protegido adecuadamente los recursos públicos, un rol de responsabilidad por omisión.

Los pagos restantes se realizaron durante la gestión de Inés Manzano, con quien semanas atrás, el propio fiscal Alarcón participó de un mega operativo en instalaciones de CNEL, junto con el presidente Daniel Noboa.

Sin embargo, durante la audiencia el fiscal no mencionó las transferencias internacionales relacionadas con los cinco pagos restantes, ni detalló fechas o montos específicos. Únicamente sostuvo que el perjuicio económico para el país asciende a 104 millones de dólares.

La exposición del Ministerio Público aún no termina. El fiscal continúa presentando documentos, informes, pericias y otros elementos incorporados a la investigación antes de que intervengan las defensas y el juez tome una decisión sobre la situación procesal de los investigados.

Otra parte de la exposición fiscal se ha concentrado en las inspecciones realizadas en Estados Unidos a los equipos contratados.
Según lo presentado por Alarcón, una empresa encargada de inspecciones técnicas habría identificado motores con placas de fabricación correspondientes a 2009, pese a que Celec habría requerido equipos nuevos y de fabricación 2023 y 2024.
La Fiscalía también expuso que durante algunas inspecciones técnicas se habrían producido limitaciones y restricciones para revisar ciertos equipos, situación que forma parte de los elementos incorporados en la investigación.

Durante la exposición iniciada el jueves y que se extendió a este segundo día, Alarcón reiteró una de las principales afirmaciones de la Fiscalía: que los contratos habrían sido "hechos a la medida".

Sin embargo, hasta el momento la acusación no ha detallado aspectos clave de esa afirmación. Durante la audiencia aún no se ha explicado quién contactó inicialmente a Progen, qué funcionarios participaron en la elaboración de los documentos preparatorios o quién impulsó condiciones específicas del proceso de contratación de emergencia.

La Fiscalía sostiene que varias decisiones tomadas durante el proceso habrían facilitado la ejecución contractual bajo condiciones excepcionales.