Avatares digitales para jueces: otras formas de brindar seguridad a los magistrados de Ecuador

El Consejo de la Judicatura aprobó un protocolo para implementar el uso de avatares digitales en audiencias telemáticas catalogadas de alto riesgo para los jueces de Ecuador. La medida, adoptada en medio de la creciente ola de violencia contra funcionarios judiciales y cuestionamientos por la falta de independencia judicial, busca proteger la identidad biométrica de los magistrados. Sin embargo, juristas y defensores de derechos humanos califican la iniciativa de insuficiente frente a los problemas estructurales de seguridad física que enfrenta la Función Judicial en el país.

El protocolo de biometría y el plan de seguridad de la Judicatura

Mercedes Caicedo, presidenta del Consejo de la Judicatura, defendió la resolución al precisar que la herramienta no busca ocultar quién imparte justicia, sino precautelar la biometría del magistrado para evitar seguimientos y posibles atentados. Además, puntualizó que los avatares forman parte de un plan integral de seguridad recientemente ratificado por el Pleno de la institución.

Medidas contempladas en el plan de protección judicial

Críticas de juristas por inmediación procesal y seguridad física

Pese a los argumentos oficiales, expertos en derecho consultados por EXPRESO sostienen que la disposición es cosmética y esquiva problemáticas de fondo como el deterioro de la infraestructura judicial y el déficit presupuestario.

María Dolores Miño, abogada y directora ejecutiva del Observatorio de Derechos y Justicia, cuestionó la viabilidad técnica y jurídica de la iniciativa:

“Deben explicar cómo bajo esas condiciones se garantiza más seguridad al juez. Los jueces mueren en sicariatos callejeros mayormente. Entonces deberían explicar cómo eso, en ese contexto, resulta útil y pertinente”.María Dolores Miño, directora ejecutiva del Observatorio de Derechos y Justicia

Miño advirtió sobre la potencial vulneración al principio de inmediación y subrayó la urgencia de aplicar medidas integrales que contemplen inversión en infraestructura, resguardo físico real y depuración institucional.

En este criterio coincide el constitucionalista Ismael Quintana, quien remarcó la necesidad de articulación estatal:

“Habría que realmente trabajar en esfuerzos para requerir del Ministerio del Interior la dotación de personal de seguridad, como ya se supone que ocurría con los jueces de la Unidad Judicial Anticorrupción. (Los avatares virtuales) Son una medida maquillaje, es una medida absolutamente inútil y una medida que puede traer más perjuicios que beneficios”.Ismael Quintana, constitucionalista

Acuerdos interinstitucionales y debate sobre asignación de recursos

Frente a la exigencia de resguardo en territorio, en julio de 2026, la presidenta de la Judicatura, Mercedes Caicedo, y el ministro del Interior, John Reimberg, suscribieron un convenio interinstitucional enfocado en fortalecer las dependencias judiciales a escala nacional.

Alcance del convenio de seguridad judicial

Cuestionamientos a la protección política y estándares internacionales

El penalista Pablo Encalada amplió la discusión hacia el respaldo institucional y la distribución equitativa de los recursos públicos:

“Si realmente nos preocupa la seguridad de los jueces, lo primero sería apoyarles, protegerles a los jueces que están siendo víctimas de un ataque de los otros poderes del Estado. Si yo quiero proteger a un juez de una unidad élite, no lo sanciono por tomar decisiones en contra del interés político”.Pablo Encalada, penalista

Asimismo, Encalada instó a contrastar el resguardo del sistema de justicia frente al de otras autoridades:

“Miremos cuáles son los niveles de protección y seguridad que tienen otras autoridades públicas. Un ejemplo. ¿Qué pasa si un ministro con bajo riesgo anda con seis vehículos blindados? ¿Dónde están yéndose los recursos? Si realmente nos preocupan esas cosas, tendríamos que estar preguntándonos (este tema)”.Pablo Encalada, penalista

Por su parte, la constitucionalista Ximena Ron indicó que la aplicación de los avatares digitales debe evaluarse bajo los estándares interamericanos. Ron reconoció que la compleja situación del país exige analizar todas las opciones posibles, tales como la posibilidad de juzgamiento con jueces que resuelvan desde el exterior en causas de riesgo extremo, junto con el indispensable fortalecimiento de la protección para jueces y fiscales en Ecuador.