Los detenidos por cometer atentados con material explosivo, el año pasado, en la Universidad de Guayaquil, salieron el libertad por caducidad de la prisión preventiva, a solo una semana de la audiencia de juicio en la que podrían ser sentenciados por terrorismo.

De febrero a agosto de 2019 se reportaron al menos seis explosiones con material casero en las inmediaciones de la universidad más grande del país, que en octubre de 2018 fue intervenida por el Consejo de Educación Superior (CES), por problemas políticos e irregularidades académicas, administrativas y financieras relacionadas con el principio de gratuidad y afectación de derechos estudiantiles.

Los atentados de mayor impacto ocurrieron en mayo de 2019; uno destruyó un automóvil en el parqueadero de la Facultad de Educación Física y otro fue colocado debajo del auto de una empleada de la Facultad de Ciencias Médicas. El 1 de agosto una bomba fue colocada en una de las paredes externas de la biblioteca de Medicina.

El sexto atentado ocurrió en un corredor detrás del edificio del rectorado, causando un agujero en el suelo. En febrero y marzo dos explosiones con artefactos de fabricación casera causaron daños menores.

En septiembre de 2019, seis personas fueron detenidas tras el allanamiento de ocho viviendas en Guayaquil donde se encontraron mechas, pólvoras, balas, detonantes y una granada de gas.

Cuatro de las seis personas detenidas hace caso un año y acusadas de terrorismo, salieron en libertad por caducidad de la prisión preventiva, ya que no han podido ser llamados a juicio.

El rector de la Universidad de Guayaquil y presidente de Comisión Interventora para el Fortalecimiento Institucional (CIFI), Roberto Passailaigue, lamentó la lentitud de la justicia en este caso que podría generar impunidad por un delito que se castiga hasta con 10 a 13 años de presión.

“Es lamentable que el sistema se confabule en contra de los reales derechos de la Universidad de Guayaquil; la prisión preventiva fue declarada caducada y cuatro de los seis detenidos ya salieron en libertad”, reprochó Passailaigue.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, también lamentó este suceso. “Tenemos vídeos, seguimientos de los automóviles; todo fue entregado a la justicia, pero la postergación de las audiencias llevará a la impunidad un caso gravísimo”, manifestó.

Los abogados de los acusados sostienen que la Fiscalía aún no ha podido demostrar su participación en los hechos.

Los cuatro sujetos liberados deberán presentarse periódicamente ante la autoridad judicial.