El cantón La Libertad atraviesa uno de sus peores momentos en materia de seguridad. Las estadísticas ubican a esta ciudad como la más peligrosa de la provincia de Santa Elena. Frente a ello, la ciudadanía denuncia que las autoridades locales estén haciendo poco o nada para aplacar el problema.

Les parece insostenible que en comparación a los asesinatos reportados en todo 2022 en el cantón, aun cuando no acaba el año, la cifra ya llegó a 125. Que no quieren más indiferencia, denuncian.

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“El alcalde Francisco Tamariz prometió en campaña un plan urgente de seguridad, pero lleva ya siete meses en el cargo y no se ven acciones. La situación nos está matando”, indicó el ciudadano Pablo Lainez, quien como la también habitante Glenda Ramírez lamenta que el miedo se sienta a diario en los espacios públicos, dando como resultado calles y negocios que mueren pasadas las 20:00, mercados y malecones vacíos y alteraciones que trastocan la cotidianidad.

En la Universidad Estatal Península de Santa Elena, que funciona en los predios de este cantón, por ejemplo se suspendieron las actividades presenciales a causa de las amenazas por extorsión que han recibido los educadores.

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“La comunidad universitaria siempre será prioridad. Por tal razón, ante presuntas amenazas proferidas en un panfleto, se dispuso trasladar todas las actividades académicas y administrativas a la modalidad virtual, hasta nuevo aviso”, precisó el rector de la institución Néstor Acosta.

En el panfleto, los extorsionadores informaron que desde el 13 de diciembre les cobrarían una cuota a los maestros y que de no pagarla, atentarían contra sus allegados y estudiantes.

“Hemos tocado fondo, sin duda alguna, y lo más lamentable es que nadie hace nada. Ya mataron incluso un docente este año. Y en general, la policía llega a los levantamientos de cadáveres y no se conoce de investigaciones. En el Municipio dicen que no es su competencia. El pueblo está indefenso”, expresó el dirigente barrial Carlos Gonzabay.

A esto se suman las extorsiones hacia un grupo de agentes de tránsito, que incluso en las noches han dejado de patrullar, por temor.

Ante la situación, el Municipio resolvió darle una nueva competencia a la empresa de transporte público municipal (Lalitran), que en las próximas semanas pasará a llamarse Vigitran, para que coordine acciones de seguridad. Entre otras medidas, plantea hacer un “estricto control de seguridad en los puntos de ingreso y salida de los centros comerciales”. Medidas que no generarán cambios, prevén los votantes.

El nuevo gobernador de Santa Elena, Fabricio Tamayo, tomó posesión del cargo el 8 de diciembre, pero hasta la fecha no se ha dirigido a la ciudadanía para dar a conocer qué acciones tomará. EXPRESO solicitó una entrevista, pero desde el departamento de comunicación se informó que aún no tiene disposición de intervenir con la prensa.

El coronel de Policía Luis Pugga, jefe del distrito La Libertad-Salinas, dijo que se lucha a diario para desarticular las bandas y pidió a la población que colabore con información para encontrar a los sicarios. “Hacemos el mejor esfuerzo para atraparlos, pero en algunos casos les dictan medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Por eso los antisociales vuelven a las calles”.  

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