No más impunidad. Con ese argumento, el gobernador de la provincia del Guayas, Pablo Arosemena, reiteró su pedido de llamar a juicio al juez José Miguel Torres López. Lo hizo al concluir la versión libre y voluntaria que rindió, la mañana de ayer, dentro de la investigación que abrió la Fiscalía de Guayaquil, tras una denuncia que presentó por el presunto delito de prevaricato.

Arosemena cuestionó al servidor judicial de dejar en libertad a 18 personas, que fueron detenidas el pasado 7 de junio, afuera del hospital Luis Vernaza, donde fue ingresado un hombre que horas antes había sufrido un atentado, en una plaza comercial de la vía a Salitre.    Los sujetos fueron procesados por el delito de asociación ilícita. Torres les otorgó medidas sustitutivas a la prisión preventiva, que pidió Fiscalía, y ordenó su libertad.

“(…) el juez en un proceder totalmente antitécnico y antijurídico optó por dictar medidas cautelares no privativas de libertad a los dieciocho aprehendidos, sin distinguir las circunstancias de cada uno en particular, pues como se indicó con anterioridad al menos tres de ellos fueron encontrados con control directo sobre las armas de fuego ingresadas a cadena de custodia”, sostuvo el funcionario. En el caso, se deberá llamar también al servidor judicial para conocer su versión libre y voluntaria.

En su resolución, el juez señaló que, si bien, los procesados fueron encontrados dentro del hospital “no es necesario ordenar la prisión preventiva”, por cuanto no se encuentran reunidos los requisitos que establece el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Sin embargo, dispuso la prohibición de salida del país de todos los 18, entre los que se incluyó a la esposa de la víctima y a un extranjero. Adicionalmente, los sujetos tienen que presentarse todos los lunes ante el fiscal que lleva el caso o uno de turno. También fueron convocados a un procedimiento directo, agendado para el próximo 28 de junio, donde se definirá su situación legal.