El hallazgo de que el 65 % de las cámaras de la desaparecida Corporación para la Seguridad Ciudadana (CSCG) estaba fuera de servicio, y hasta con tecnología obsoleta, trajo una ola de cuestionamientos en los guayaquileños. “¿Dónde estuvo la supervisión del contrato?”, “¿qué sectores están con cámaras en desuso?” o “¿qué garantía existe para que errores no se repitan?”, son algunas de las dudas ciudadanas.

Ahora bien, EXPRESO conoció que la Contraloría General del Estado (CGE) inició, el mismo día que se informó de esta situación, el lunes 5 de febrero; la ejecución de un examen especial en relación a cámaras. En dicha acción de control se revisan dos procesos relacionados con la instalación de estos aparatos en Guayaquil.

El primero es el SIE-CSCG-005-2022, que consiste en la “provisión, instalación y puesta en funcionamiento de cámaras de seguridad para reposición en varios puntos de Guayaquil y su integración al sistema de video seguridad de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil. Mientras que el otro es el CSCG-SIE-007-2019.

Este último es el de la adquisición, instalación, integración y puesta en funcionamiento de 100 cámaras de videovigilancia con megafonía y analítica de reconocimiento facial para el control y vigilancia del entorno de centros educativos desde el sistema de videovigilancia.

¿Qué sigue después? Pues la Contraloría tiene 180 días para aprobar su informe.

Mientras tanto, Aquiles Álvarez cumplirá en un poco más de tres meses, 1 año de estar al frente del Municipio. En todo este tiempo presentó sendos videos en los que reveló cómo heredó el Cabildo. La desalentadora situación que atraviesa la Metrovía, el cierre de Guayarte, falencias en mercados... pero no se conoció de la realidad de las cámaras. Y el lunes 5 se informó que el “obsoleto y aislado sistema de la ex CSCG”, concluyó.

“Se subrogará el contrato vigente desde 2022 de servicio de videovigilancia con Telconet S.A. El Municipio exigió al contratista 70 nuevas funcionalidades de los equipos, sin costo adicional”, es lo que ha dicho el Municipio en torno a la transformación de sus sistemas de seguridad.

Para profundizar más en este puntual caso, este Diario solicitó una entrevista con el funcionario, pero desde el equipo de Comunicación de la institución se precisó que el vocero oficial de este tema es Andrés Sandoval, gerente de Segura EP. La solicitud está pendiente.

Dicho esto, los ciudadanos levantan su voz. Por ejemplo, Marlon Cabrera, presidente del Observatorio de Servicios Públicos, aguarda conocer en qué estado se encuentra el 36 % restante de las cámaras. “Si el 64 % de las cámaras ya están obsoletas, el otro 36 % qué tiempo de vida útil tiene? La ciudad ha crecido mucho en la periferia y son estos sectores los más deprimidos y abandonados especialmente en temas de seguridad”.

Él también se pregunta si aumentará el número de cámaras a estos sectores o si, agregó, “seguirá con la misma política de ponerlos solo en el centro, sectores comerciales o urbanizaciones”.

Para Gabriela Chávez, de la ciudadela Urdesa, también le tomó por sorpresa conocer el hallazgo de cámaras obsoletas. Ahora espera una real eficacia. “Leí que se implementarán nuevas funciones, con lectura de placa y mejoras en el tránsito, pero ojalá ya diera una real atención. ¿Dónde estuvo la supervisión del contrato? Hemos estado con cámaras obsoletas y ahora, cómo evitar que esto no se repita”, contó.

Un comentario similar soltó Carlos Guerrero, líder barrial de la ciudadela Sauces 1, situada en el norte. Manifestó que funcionarios municipales “llegaron un día” al sector a colocar 40 cámaras y, continuó, “nunca más regresaron a decir si finalmente estaban o no operativas”. “Valdrá el tema de colocar más cámaras de seguridad si realmente está relacionado al barrio o con la Policía Nacional”, acotó.

Las cámaras, además de volver a ser noticia, procesos relacionados a estas son ya analizados.

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