En la página de la Función Judicial se archiva un nuevo caso contra la alcaldesa Cynthia Viteri Jiménez y el Municipio de Guayaquil, esta vez protagonizado por el Comité de Puerto Azul, que interpuso una acción de acceso a la información pública por la estación de transferencia de desechos que se pretende construir en la vía a la costa.

Diario EXPRESO tuvo acceso a la información de ese movimiento legal. Aunque los vecinos no han contestado todavía sobre el tema, basta con ver el archivo del proceso para conocer que lo que quieren los moradores de esa zona es, entre otros datos, el borrador del estudio de impacto ambiental, sin perjuicio de la información adicional que establezca la autoridad ambiental competente.

Le recuerdan a la autoridad judicial que la intervención en cualquier procedimiento de participación social se dirigirá prioritariamente a la comunidad dentro del área donde se llevará a cabo la actividad o proyecto de impacto ambiental. “Están desarrollando un proyecto y la falta de respuesta nos permite presentar esta acción de acceso a la información pública”, reza el texto de la audiencia, a la que no asistieron funcionarios.

El comité de moradores propone la acción de justicia constitucional amparado en el artículo 91 de la Constitución, que trata sobre la institución de la acción de acceso a la información pública contra la entidad administrativa.

El trámite fue aceptado el 26 de abril pasado y hoy se conoce (aunque el Municipio tampoco ha respondido) que ya hay sentencia y que se presentó una apelación por parte del equipo de Viteri este mes.

En noviembre pasado, este medio dio a conocer que 1.498,91 toneladas de desechos sólidos por día llegarían al lugar elegido para la obra, luego de que la administración de Cynthia Viteri decidió retomar el proyecto que Jaime Nebot dejó archivado por el rechazo de los residentes de la zona.

Desde allí se desencadenaron varios hechos, como que el Municipio, con uñas y dientes, como dicen en algunas zonas de Guayaquil, salió a defender el proyecto sin decir una coma de su impacto ambiental.

Sostuvo entonces que era una necesidad urgente, que busca servir a 16 subzonas ubicadas en el centro, sur, suroeste y parte del sector noroeste. Argumentó que la vida útil del actual relleno sanitario Las Iguanas es de siete años, y que “es imprescindible”, porque el futuro sitio para la disposición final de los desechos estará a 15 kilómetros de ahí.

La misma Dirección de Ambiente del Cabildo, en época de Bolívar Coloma, pidió que se socialice el tema y exhortó a que se acojan recomendaciones, como la distancia apropiada con respecto a cuerpos de agua, materiales constructivos, prevención de riesgo y otros; pero el Municipio ha preferido callar y, sabe EXPRESO, ha enviado a ediles a manifestar que “mucho de lo que se ha dicho no es verdad”.

Esa verdad es la que el juez que sentencia el caso pretende conocer. Ha concedido en su resolución la acción de acceso a la información pública, luego de determinar, siempre de acuerdo con la documentación del Consejo de la Judicatura, que observa “que existe la rebeldía de la Municipalidad de Guayaquil” en lo que respecta a la entrega de información en este caso.

La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto, recuerda el juez en la resolución, garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o cuando la que se ha proporcionado no es completa; y podrá ser interpuesta incluso si la negativa se sustenta en carácter privado o reservado de la información, algo que deberá ser declarado con anterioridad a la petición por la autoridad competente y de acuerdo con la ley.

En mayo, el juez concedió un plazo de cinco días para que presente ante la Judicatura los documentos que han sido requeridos, pero el Municipio apeló.

Arnoldo Alencastro, otro de los propietarios de los terrenos a expropiar, se muestra sorprendido. “Me extraña. El Municipio tiene una dirección de comunicación muy ágil. Publicita todas sus obras. En este caso la ciudadanía es la que pide información. Me da la impresión de que la única razón para apelar es alargar los plazos para presentar el estudio de impacto ambiental. Dilatar”.

Al exhorto de Puerto Azul se sumó hace seis meses toda la vía a la costa, con un pedido de información de más de tres mil firmas, que a la fecha no tiene respuesta. Y el de la Junta de Beneficencia, dueña de terrenos a expropiar, que advirtió acerca de las posibles afectaciones ambientales, por ser la obra vecina de urbanizaciones y centros comerciales y educativos.