El negocio oculto detrás del aumento de las armas ilegales en Ecuador

Durante un operativo ejecutado en un barrio de Guayaquil, los agentes no solo encontraron cocaína, municiones y teléfonos celulares. También incautaron varios fusiles de fabricación extranjera, pistolas semiautomáticas y un arma modificada para disparar en ráfaga. 

Te invitamos a leer | Cómo Ecuador se convirtió en una plataforma del tráfico de cocaína

Ninguno de los detenidos pudo justificar su procedencia y, como ocurre en decenas de casos cada año, el recorrido de ese arsenal quedó envuelto en incertidumbre.

Ese fenómeno coincide con el fortalecimiento de estructuras criminales como Los Choneros, Los Lobos, Tiguerones, Chone Killers y otras organizaciones que mantienen alianzas con carteles internacionales dedicados al tráfico de cocaína.

La escena se ha repetido con frecuencia en distintos puntos del país. En viviendas utilizadas como centros de acopio, en vehículos interceptados en carreteras, en puertos marítimos y durante allanamientos a inmuebles vinculados con organizaciones criminales aparecen armas de distintos calibres, muchas de ellas de uso militar. Lo que no siempre aparece es una respuesta clara sobre cómo llegaron a Ecuador ni quiénes integran la cadena que las abastece.

El tráfico de armas se consolida como un negocio ligado al narcotráfico

El crecimiento del narcotráfico y de las economías criminales transformó el mercado ilegal de armas en un componente indispensable para las organizaciones delictivas.

Te puede interesar | Desarticulan la banda de "Freddy Krugger" en operativo policial al sur de Guayaquil

Las bandas ya no solo necesitan droga para sostener su negocio. También requieren un suministro constante de armamento para disputar territorios, custodiar cargamentos, proteger laboratorios clandestinos, controlar corredores logísticos y enfrentar a grupos rivales o a las fuerzas de seguridad.

Las cifras reflejan esa realidad. Entre enero y mayo de 2026, Ecuador registró un incremento del 20,6 % en las armas incautadas respecto al mismo período de 2025. Entre enero y mayo de 2026, las autoridades ecuatorianas decomisaron 5.424 armas de fuego en todo el país, un 20,6 % más que en el mismo período de 2025, cuando se registraron 4.497. Es la cifra más alta para ese lapso en los últimos cuatro años: en 2023 se habían incautado 4.574 armas y en 2024, 4.867.

El dato, presentado por el Gobierno como una muestra de eficacia operativa, esconde una pregunta más incómoda: ¿el país está decomisando más porque persigue mejor el delito, o porque simplemente hay más armas circulando de las que puede dar cuenta?

La provincia de Guayas concentra el 36,3 % del total nacional, con 1.969 armas retiradas de circulación, seguida por Los Ríos (798), Manabí (517), El Oro (392) y Esmeraldas (353): un mapa que coincide, sin sorpresas, con los corredores históricos del narcotráfico hacia el Pacífico.

El armamento es clave para el control de las rutas de la cocaína

El negocio de la cocaína no puede entenderse sin el mercado ilegal de armas. Cada tonelada que sale desde Ecuador requiere protección en diferentes etapas: almacenamiento, transporte terrestre, ingreso a los puertos, contaminación de contenedores, embarque y custodia de las rutas utilizadas para mover la mercancía.

A ello se suma la necesidad de controlar barrios, pasos fronterizos, puertos pesqueros, laboratorios clandestinos y zonas utilizadas para el acopio de droga. Ese control territorial depende, en buena medida, del acceso permanente a armas. Por ello, el tráfico de armamento se ha convertido en una actividad complementaria del narcotráfico.

Expertos advierten fallas en el control y la trazabilidad de las armas

Para el experto en seguridad y crimen organizado Fernando Guerrero, el debate no debe limitarse al derecho de portar armas.

El problema, sostiene, está relacionado con la capacidad del Estado para controlar todo el ciclo de vida del armamento. "Una mayor circulación de armas en contextos de débil control estatal incrementa inevitablemente el riesgo de filtración hacia economías criminales".

Según explica el académico, el fenómeno responde a una lógica similar a la de otros mercados ilícitos. "Mientras más armas circulan, más difícil se vuelve controlar su trazabilidad. El desafío no es solo impedir el ingreso ilegal desde las fronteras, sino vigilar el recorrido completo del arma legal dentro del país".

La seguridad privada también enfrenta desafíos en la custodia del armamento

Uno de los sectores donde más se concentra la atención es el de las empresas de seguridad privada. Estas compañías administran miles de armas destinadas a la protección de instituciones financieras, industrias, comercios y servicios estratégicos.

Sigue leyendo | Cómo operan las redes criminales en América Latina: claves de grandes incautaciones

Rodrigo Peralta Carrión, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Seguridad Integral (Anesi), sostiene que uno de los principales problemas está en los procedimientos aplicados durante el transporte y custodia del armamento.

"Sí existe un problema. No hay un formato definido por la autoridad sobre los salvoconductos para las custodias. Debería identificarse a los custodios con un brazalete o distintivo".

En teoría, cada arma posee una identidad propia: número de serie, fabricante, modelo, calibre, importador y comprador autorizado. Pero en la práctica esa información no siempre resulta suficiente.

Las armas recuperadas durante operativos frecuentemente presentan números de serie limados, piezas reemplazadas o modificaciones que dificultan establecer su origen.

Ecuador no enfrenta este problema en solitario. Diversos países de América Latina han experimentado un incremento en la circulación de armas asociado al fortalecimiento de organizaciones criminales transnacionales.